SAN JUAN – Como parte del esfuerzo por atender las comunidad de Valle Hill y Villa Hugo I y II en San Isidro, Canóvanas, el representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, se reunió esta semana con oficiales del Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico. 

La reunión en la que se discutió preliminarmente el estudio de viabilidad que solicitó el legislador al Gobierno Federal, se llevó a cabo con el Jacksonville District CAO Program Manager, James L. Suggs, y el Capitán Alexander Walker. “Este estudio constituye la fase inicial en vías de determinar la viabilidad de la construcción de un dique que aminore el problema de inundabilidad que por años llevan sufriendo estas comunidades. Sin embargo, lo que estableció el estudio es que los costos del proyecto serían sumamente altos. Esto contrario a los resultados de los estudios hidrológicos y de jurisdicción que realizamos en 2013”, explicó Aponte Dalmau.

Cabe destacar que el representante indicó que el Cuerpo de Ingenieros se comunicó con la administración del Municipio de Canóvanas, discutieron el informe en ausencia de la Alcaldesa Lornna Soto, y por instrucciones de ella, el Municipio indicó que no estaba interesado en continuar los procesos de evaluación que propone dicho estudio.

El representante denunció que “una vez evaluamos y discutimos este informe preliminar encontramos que no se habían tomado en cuenta unos puntos fundamentales que afectan de manera directa los costos que, según los técnicos que efectuaron el estudio, contemplaría la realización del proyecto.  Hay ciertos alineamientos e interpretaciones socio-económicas y jurídicas que no aplican a la realidad de Puerto Rico y que son necesarias atemperar para la viabilidad del proyecto”.

Según el representante, estos son los puntos no tomados en consideración en dicho estudio. Primero, el estudio propone un total de 18 millones de dólares para la relocalización de las viviendas que se encuentran en la servidumbre que se utilizará para la construcción del dique. Los costos que establece el Gobierno Federal para la relocalización de viviendas es totalmente absurdo, dado el hecho de que de lo que se trata es de un área inundable en la que los residentes no tienen título de propiedad y habitan de forma ilegal, como para haberle asignado un valor tan alto a los predios. Segundo, el informe no toma en consideración el uso de la reserva de la Guardia Nacional, quienes han comunicado su interés y disponibilidad para realizar con sus voluntarios la obra. Esto aminoraría significativamente los costos de construcción, y para ello solo se necesita que el Gobernador firme una Orden Ejecutiva. Tercero, el estudio no provee análisis de proyección financiera sobre el incremento en el valor de estos terrenos ni el impacto a la banca regional una vez eliminados los gravámenes de inundabilidad. Esto permitiría el que los residentes eventualmente puedan obtener los títulos propiedad y financiar sus residencias. El impacto económico de esto es fundamental para la salud fiscal del Municipio y su entorno.

Aponte Dalmau afirmó que continuará reuniéndose con oficiales del Cuerpo de Ingenieros para discutir esta primera fase y las próximas según establecidas en la propuesta federal. Además estará visitando próximamente la capital federal para reunirse con los congresistas principales de las Comisiones de Banca, Transportación y Servicios Armados. Esto se suma a los esfuerzos de la Delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes para desarrollar proyectos de desarrollo económico para Puerto Rico y cabildear a favor de ellos en el Congreso.

“Aun cuando el Municipio de Canóvanas ha decidido levantar las manos ante las necesidades de los residentes de las comunidades de San Isidro, nosotros continuamos nuestra lucha por resolver uno de sus mayores problemas, la inundabilidad del área donde viven”, concluyó.