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Aprueban proyecto para inspección periódica de contadores de agua y luz

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La Cámara de Representantes aprobó en la sesión del lunes, una medida que garantiza que los contadores de servicios esenciales como de energía eléctrica y agua potable sean inspeccionados, al menos, cada dos años.

Con esta medida, presentada por la representante por el Distrito 25 de Jayuya, Juana Díaz y Ponce, Jackie Rodríguez, se enmienda el Artículo 5 de la Ley 33-1985, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, para ordenar a las agencias a que provean información a los abonados sobre el funcionamiento de los contadores en sus propiedades.

“Esta medida de protección al cliente ofrece los mecanismos para evitar el sobrepago por los servicios de energía eléctrica o agua consumida cuando los contadores no estén operando correctamente”, apuntó la representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en declaraciones escritas.

“Como consecuencia del paso del huracán María, muchos ciudadanos continúan sin el servicio de energía eléctrica, por lo cual resulta indispensable que los contadores o medidores estén funcionando correctamente y así evitar que, en su momento, se emitan facturas con montos incorrectos”, agregó Rodríguez.

La inspección de los contadores se realizará a petición del consumidor a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Actualmente, en Puerto Rico los contadores no están regulados por ninguna agencia distinta a las que los opera y ninguna de las agencias que los operan emite una certificación periódica de funcionamiento óptimo. 

“Los consumidores necesitan una garantía del funcionamiento y eficiencia de los medidores y que tengan la tranquilidad de la cantidad que pagan sea correcta. Muchos abonados desconocen como cerciorarse que la lectura de sus contadores es fidedigna”, explicó la representante.

El proyecto de la Cámara 961 atiende además que en el proceso de certificar la eficiencia se pueda detectar el real uso indebido de las utilidades públicas mediante cualquier manipulación del medidor (contador). 

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