SAN JUAN – La presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), Pilarín Ferrer, expresó el lunes su total rechazo a la propuesta de enmiendas a la Ley 1 de 2011, en particular a la eliminación de la exención del cobro de Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a las profesiones designadas relacionadas a la construcción.
“Eliminar de la exclusión del pago del IVU a las profesiones que están ligadas a la industria del diseño y la construcción encarece el proceso, obligando en el caso del arquitecto y el arquitecto paisajista, a pagar al menos una porción de 6.5 por ciento adicional en honorarios al equipo de profesionales que típicamente colaboran en un proyecto –delineantes, artistas gráficos, artistas plásticos, consultores mecánicos, eléctricos, estructurales, civiles, y ambientales entre otros-, costo añadido que habrá de transferirse al dueño de la obra y al bolsillo del consumidor,” dijo Ferrer en un comunicado.
Ferrer indicó que en los pasados ocho años el sector de la construcción ha sufrido una merma significativa en su capacidad de hacer negocio, convirtiéndose de una industria en crecimiento que empleaba a 100,000 personas en el 2005, a una que apenas ofrece empleo a 15,000 trabajadores.
“Ahora que la industria de la construcción, la cual lleva años estancada, empezaba a dar señales de vida, el CAAPPR entiende que la medida propuesta no es compatible con la agenda gubernamental de incentivar la economía del país por medio de la construcción. Esta propuesta lejos de promover el objetivo de desarrollo, creación de empleos y fortalecimiento fiscal, desalienta cualquier iniciativa de parte de un potencial empresario a plantearse y acometer un proyecto en esta frágil industria”, agregó.
Por otro lado, indicó que el Gobierno cuenta con los arquitectos para crear parte de los 50,000 empleos prometidos dentro de la Ley Empleos Ahora, y el CAAPPR está presto a ser parte del esfuerzo y que los proyectos de ley propuestos no estimulan ni viabilizan colaborar contratando más personal, o manteniendo a la actual plantilla de empleados, sino que por el contrario, pone en precario estos empleos.
“Es importante recalcar que la gran mayoría de las firmas de arquitectos caen bajo la categoría de PYMES. Lastimosamente algunos colegiados se han visto en la necesidad de cerrar sus oficinas, despedir empleados, muchos ahora trabajan a tiempo parcial o por servicios profesionales y algunos laboran en otras disciplinas no relacionadas a la profesión”, explicó Ferrer.
“Factores que están fuera de nuestro control se van sumando a los ya altos costos de producir un proyecto en Puerto Rico. Es necesario desarrollar incentivos para la creación de proyectos y trabajar legislación que ayude a atender todo el deterioro urbano que cada día se hace más evidente. Hay mucho trabajo en la renovación urbana, y un gran potencial de creación de empleos en estos proyectos, lo que no hay son mecanismos reales y efectivos que propicien a que esto ocurra”, agregó.
(CyberNews)