Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 18 cargos contra Miguel A. Merced-Torres por el supuesto uso de las comunicaciones por cable (interstate wired communications), para cometer fraude y lavado de dinero, anunció hoy la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.
“Los esfuerzos conjuntos de Negociado de Investigaciones Especiales (FBI) y el Servicio Secreto lograron la detención de esta persona, que ya no será capaz de defraudar a los inversionistas”, dijo Rodríguez-Vélez en comunicado de prensa.
Según Rodríguez Vélez, Merced-Torres fue el agente incorporado de MM Tecnology Wireless Group, la cual utilizó para defraudar personas, y obtener dinero y bienes por medio de pretensiones, representaciones y promesas falsas.
“Merced-Torres obtuvo dinero de los inversores al supuestamente decir que era representante de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Merced-Torres le dijo que los inversionistas que iban a recibir los beneficios de sus inversiones en contratos de administración de torres de celulares. El acusado y sus co-conspiradores convencían a las víctimas a invertir dinero al decir que la FCC estaba buscando activamente personas para invertir dinero a cambio de contratos de las administraciones de torres de celulares”, detalló Rodríguez.
Añadió que cuando las víctimas comenzaron a preguntar por los retrasos en la firma de los contratos de las administraciones de las torres de celulares, y después que algunas de las víctimas solicitaron la devolución de su dinero, Merced-Torres enviaba emails desde la cuenta de correo electrónico fcc@mmtwgroup.com, en los que adjudicaba información a funcionarios de la FCC sobre los supuestos retrasos.
Merced-Torres se enfrenta a confiscación monetaria de $9,089,777.37. Además, se le confiscarán cuatro terrenos que posee en el municipio de Caguas, así como otros predios de terreno en Las Piedras y San Lorenzo. Además se le embargarán apartamentos en los pueblos de Caguas y Cabo Rojo, así como una casa en Gurabo.
Las penas máximas son de hasta 20 años por los cargos de fraude electrónico; hasta 20 años para los cargos de lavado de dinero y dos años consecutivos obligatorios para cada cargo de robo de identidad agravado detalló la fiscal federal.