Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, denunció hoy que la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) supuestamente solicitó a la corte federal la imposición de multas que podrían superar los $100 millones al municipio de San Juan por violar varias leyes y regulaciones relacionadas a la calidad del agua.
Según Aponte Hernández, el 16 de junio de 2014 la EPA radicó un recurso contra la Ciudad Capital, y los departamentos de Transportación y Obras Públicas y Recursos Naturales, por continuar descargando ilegalmente contaminantes en varios importantes cuerpos de agua, incluyendo el Caño Martín Peña, las lagunas San José y Los Corozos, los ríos Puerto Nuevo y Río Piedras, y hasta en la Bahía de San Juan; entre otros.
El también legislador condenó la falta de transparencia demostrada por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, durante su mensaje de presupuesto cuando “intencionalmente omitió este innecesario y millonario gasto que terminará pagando el pueblo”.
“La Alcaldesa no ha cumplido con las disposiciones de la EPA. Eso está claro en la propia orden que se acaba de emitir. Su incumplimiento le va a costar a los sanjuaneros en exceso de $100 millones. Esta falta de acción demuestra nuevamente que a la Alcaldesa lo único que le importa es ver su imagen en la prensa, y no los residentes de nuestra ciudad capital”, declaró el expresidente cameral a través de un parte de prensa.
Indicó que el caso contra San Juan y las antes mencionadas dependencias gubernamentales recae en violaciones a la Ley de Agua Limpia (Clear Water Act), así como a las regulaciones que rigen la otorgación de permisos para operar sistemas de bombeo de alcantarillados. Dijo que según se desprende del documento oficial (caso número 3:14-cv-01476), presentado por Aponte Hernández, la EPA realizó en agosto de 2013 una serie de estudios en varios estuarios de la capital para corroborar la calidad del agua y el nivel de contaminación.
Por otro lado, señaló que de acuerdo a las conclusiones del mismo, la administración municipal falló abismalmente en corregir las deficiencias encontradas en el reporte y por eso la EPA reclamó que el Tribunal imponga una multa de $37,500 por cada día, a partir del 6 de diciembre de 2013, que se continúe violando las leyes y regulaciones.