SAN JUAN – Con el objetivo de otorgarles a los conductores las garantías procesales adecuadas para poder impugnar las multas administrativas emitidas por el sistema de AutoExpreso por la falta del pago de peaje, la Cámara de Representantes avaló el jueves, de manera unánime, el Proyecto de la Cámara 1723, que crea la “Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema AutoExpreso”.

La medida de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, además de crear la nueva legislación, dicta un procedimiento especial para la revisión de multas emitidas por el sistema de AutoExpreso previo a la entrada en vigor de la esta ley. Para ello, los conductores contaran con un término de 60 días para la solicitar la verificación.

“Es evidente que el sistema carece de las suficientes garantías que brinden confianza en su efectividad para identificar infracciones, procesar las mismas y brindar un proceso de revisión justo, eficiente y rápido a los conductores”, sostuvo Navarro Suárez al defender la medida en el Pleno.

El portavoz del Partido Puertorriqueño Independentista (PIP) Denis Márquez Lebrón reconoció la “buena intención” de la pieza legislativa, sin embargo, disintió del mismo ya que “establece un procedimiento para avalar unas multas que son ilegales e inconstitucionales”. 

El informe de la Comisión de Transportación e Infraestructura, que preside José “Memo” González Mercado, destaca, que el proyecto “propone reformar el proceso de solicitud de revisión de multas por parte de los conductores y dueños de vehículos y establecer un procedimiento especial para la revisión de las multas emitidas por AutoExpreso… De esta forma, los conductores que en la actualidad se ven afectados por multas por el Sistema, podrán impugnarlas bajo el nuevo proceso de revisión”.

De otra parte, la Cámara recibió el informe final de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Pública Privadas y Energía entorno a la Resolución de la Cámara 653, que investigó los atrasos en la distribución de los furgones en los muelles de la Isla y sus soluciones a corto y largo plazo.

La Comisión, que preside el representante Víctor Parés Otero, recomendó auscultar, con las agencias pertinentes, incluyendo la Autoridad de Puertos (APPR) y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), los planes operacionales que se gestionan para permitir y dividir la entrada de mercancía entre los muelles de San Juan, Mayagüez, Roosevelt Roads y Ponce, particularmente durante situaciones de emergencia.

El informe final de la medida de la autoría del portavoz alterno Urayoán Hernández Alvarado, sugiere presentar nueva legislación para que las navieras rindan informes a la APPR relacionados a la cantidad de contenedores que entran y salen de las facilidades, así como, la recopilación de data concerniente los procesos que ocurren en los muelles.

“Tras el paso de los huracanes Irma y María los muelles han experimentado una reducción sustancial en el despacho de furgones. Estos atrasos pueden repercutir seriamente sobre nuestra economía. Ante ello, es menester implementar medidas que permitan agilizar y flexibilizar el proceso de sacar mercancía de los muelles para su pronta distribución”, detalla el informe.

Por otro lado, se afirmó el Proyecto de la Cámara 462, del representante Rafael “June” Rivera Ortega, que añade un nuevo artículo a la “Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, con el propósito de establecer la obligatoriedad de los departamentos de Educación, Familia y Salud de formular estrategias y política pública dirigida a reducir el número de embarazos precoces.

También se apoyó el Proyecto de la Cámara 1622 del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, que enmienda la “Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes” y la “Ley de Vivienda Enclavada en Terrenos Ajenos”, para disminuir a cinco años el periodo para vender y elimina el requerimiento de devolver el 75 % del valor del solar al momento de la venta al Departamento de Vivienda (DV), respectivamente.

Debido a las condiciones atmosféricas y climáticas que se desarrollan en Puerto Rico todos los años, el Pleno favoreció el Proyecto de la Cámara 1420, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que crea el “Registro de Personas con Necesidades Funcionales y de Acceso de Puerto Rico”, adscrito al Departamento de Salud, a los fines de permitir conocer la ubicación exacta de las personas con alguna condición o impedimento físico que necesite ser atendido durante una emergencia.

Asimismo, se favoreció Proyecto de la Cámara 1582, de Ángel Bulerín Ramos, para enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, a los fines de excluir del beneficio de la fianza diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, a toda persona imputada de alguno de los delitos enumerados en el Artículo 6.2 del “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

De la autoría del representante Manuel Claudio Rodríguez, la Comisión de Transportación e Infraestructura presentó informes bajo las resoluciones conjuntas de la Cámara 323 y 324, que ordenan al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a tomar medidas administrativas o reglamentarias para la reparación en los tramos de las carreteras PR-14 en el Municipio de Coamo y en la PR-536 que discurre a través el sector Balcanes del barrio Ollas en el Municipio de Santa Isabel.

Claudio Rodríguez, asumió un turno, donde expuso “lo que persigue estas medidas es que las carreteras brinden accesos seguros para todos los ciudadanos que transitan por estas vías”.

Según se desprende de los informes, ambos tramos serán atendidos en los proyectos de emergencias identificados como AC-140028 y AC-002270. El primero, se encuentra a la espera del endoso por la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) para proceder a la subasta del proyecto, y la reparación de la carretera de Santa Isabel se encuentra en la etapa de subasta con una inversión de sobre cuatro millones.

Se aprobó, además, la R. de la C. 704 del representante Víctor Torres que investigará la interpretación que ha tenido la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”, entre los servidores del Ministerio Público y el Tribunal General de Justicia desde su aprobación y verificar su impacto en los casos en que los sentenciados no eran culpables. La resolución pretende conocer cuantas investigaciones se han llevado a cabo para encontrar a los verdaderos culpables, e identificar alternativas que permitan resolver los casos conforme a la prueba existente.

El Cuerpo afirmó la R. de la C. 1091, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez junto a la mayoría parlamentaria, para reconocer y felicitar a la organización Boy Scouts of America Concilio de Puerto Rico, por la celebración, por tercer año consecutivo del taller “Bienvenidos a Holanda” en el que se orienta a padres y líderes para trabajar con niños y jóvenes con discapacidades.

También contaron con el aval del Cuerpo, la R. de la C. 786 de José “Che” Pérez que analizará la existencia de programas recreacionales y de deporte en las instituciones penales; la Resolución de la Cámara 1048, a la Comisión de Sistema de Retiro y Asuntos del Veterano, a extender el término para rendir informes; y la Resolución Conjunta de la Cámara 314, de Parés Otero,  dispone al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la administración y mantenimiento de las facilidades deportivas y recreativas del Parque San Ignacio.

Del Senado, se ratificó el P. del S. 828, para transferir, de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la responsabilidad de regular la venta de clorofluorocarbonos; y el P. del S. 821, que designa el Cuartel de la Policía en el área de Coloso en Aguada con el nombre de “Sargento Ángel L. Lorenzo González”.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajados hasta el lunes, 1 de octubre de 2018, a la 1:00 de la tarde donde celebrará una Sesión Especial en homenaje a las sobrevivientes al cáncer del seno.