Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El Departamento de Justicia no avaló el Proyecto del Senado 691 que propone derogar la Ley 2, del 23 de febrero de 1988, que creó el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo del Fiscal Especial Independiente.
Según Justicia, a través de Huldalí Figueroa López, abogada de legislación de la agencia, “la medida carece de disposiciones transitorias que contengan directrices sobre cómo se atenderán las querellas y casos ante la consideración de esta Oficina”.
En cambio, Justicia sí endosó el Proyecto de la Cámara 1326, para enmendar la “Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, para ampliar la prohibición de los miembros del Panel del Fiscal Especial Independiente de mantener contratos con Agencias, Municipios o las Ramas Legislativas y Judicial, y de restituir la obligación de la Oficina de recopilar y divulgar estadísticas, de conformidad a las disposiciones de la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”.
“La prohibición de contratación le será extensiva a los miembros del panel únicamente. Queremos extender esa prohibición a los fiscales especiales porque entendemos que esa apariencia podría resultar impropia”, dijo Figueroa López, en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado.
Por su parte, Nydia Cotto Vives, presidenta de la Panel del Fiscal Especial Independiente, también se opuso al Proyecto del Senado 691.
“Esta medida tendría un impacto inmediato y adverso sobre varios procesos que están ante la consideración del Panel, de los Fiscales Especiales Independientes, del Tribunal de Primera Instancia y los Foros Apelativos”, declaró Cotto Vives.
Mientras la presidenta del Colegio de Abogados, Irma Rivera Lassén, presentó una ponencia por escrito en la que avaló el Proyecto de la Cámara 1326
“La prohibición a los miembros del Panel para tener contratos con agencias, municipios o las ramas legislativas y judicial, excepto servir como profesor o profesora en la Universidad de Puerto Rico (UPR), es necesaria para restaurar y garantizar la confianza en la Oficina del Fiscal Especial Independiente”, declaró la abogada.