Por: Gazir Sued / Para Presencia
SAN JUAN – A los cambios estructurales impuestos en las instancias de gobierno de la Universidad de Puerto Rico deben seguirle de inmediato, si acaso no le antecedieron, cambios cualitativos en todo lo que concierne a la gobernanza universitaria. La intromisión del actual Gobierno de Puerto Rico para reemplazar a sus administradores no es extraña a la vida política del sistema de educación superior del Estado, ni contradice de manera absoluta los principios de autonomía que –valga la redundancia- en principio, debieran regir el primer centro docente del País.
La Universidad del Estado, por su naturaleza política, no puede reclamar independencia absoluta de la inherencia del Gobierno central de la Isla. Esta realidad, aunque sumamente compleja, no debe confundir a nadie, o al menos, no frustrar las esperanzas de cambio. A todas cuentas, ni el proceso huelgario estudiantil ni las protestas de los demás sectores que conforman la comunidad universitaria fueron efectivos para suplantar a los funcionarios de su alta jerarquía, designados por la pasada administración de Gobierno y en función de un proyecto político/administrativo pernicioso para la institución en conjunto.
Aunque gozaron de solidaridad general entre la opinión pública, las luchas frontales (desde “adentro”) fracasaron; y los universitarios, resignados, rindieron esfuerzos y apostaron a que, para darse un cambio sustancial en la estructura de gobierno en la Universidad, debía cambiar primero el alto mando en el Gobierno isleño. Y así está siendo, como durante décadas ha sido…
La negativa de los antiguos jerarcas a renunciar era previsible. Las lealtades al partido político que los designó respondían al encargo de retener su poder sobre la institución hasta que el nuevo Gobierno se viera forzado a “violar” la “autonomía universitaria” para destituirlos. Se trató de una treta calculada para afectar la imagen del nuevo Gobierno, en el que el sector predominante entre los universitarios había puesto –resignado o en complicidad– las ilusiones de cambio.
Ojalá que los nuevos nombramientos respondan al fin a intereses favorables al provenir del sistema universitario del Estado; y que los valores que sostienen a la UPR sean reivindicados más allá de los formalismos retóricos contemplados en la Ley. Esta suerte, sin embargo, no puede imponerse desde la cúpula del Gobierno sino desde el quehacer cotidiano en la Institución, en todas sus ramificaciones académicas y administrativas. Aquí, donde reside tal vez la mayor esperanza de un cambio sustancial, es donde se complica aún más el asunto…
El poderío de la pasada administración institucional no estuvo a cargo exclusivo de los burócratas de alto rango. Gozaba de la complicidad de un sector “universitario” que comulgaba con el proyecto político/administrativo de la pasada administración de Gobierno, y que todavía ejerce influencias determinantes en el quehacer cotidiano de la Universidad. La dinámica de la reforma no puede detenerse en la renuncia y suplantación de síndicos, presidente y rectores. Es un buen comienzo, pero insuficiente.
Una parte de la base de la gobernanza institucional sigue ocupada por “universitarios” oportunistas que antagonizaron con los reclamos universitarios, sobre todo profesores que invocaron el fin de la “política de no confrontación”, favorecieron la ocupación policial de los recintos durante el proceso huelgario y, además, se organizaron para cruzar líneas de protesta en confrontación reaccionaria contra el movimiento estudiantil, el claustro y trabajadores solidarios. Algunos todavía son decanos, otros ocupan posiciones como directores de departamentos.
Para darse un cambio sustancial deben renunciar y suplantarse también estos delegados a ocupar puestos de confianza política o amiguismo de la pasada administración. Algunos de estos profesores/administradores aprovecharon las retóricas de la crisis fiscal para desmantelar ofrecimientos académicos y justificar despidos o dejar sin contratos a miembros del claustro que, coincidentemente, presentaban oposición política y crítica radical de manera elocuente, persistente y pública. Tal es mi caso y, aunque forzado a subsistir desempleado, no renuncio a mi deber fiscalizador como universitario y ciudadano: venga la esperanza y hágase valer la voluntad de cambio por una verdadera reforma en la Universidad del Estado.