Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Ángel Rivera Cintrón, padre de Angelí Rivera Ortíz, diagnosticada con cáncer a los 16 años en el 2013, explicó hoy las razones que lo motivaron a impulsar la aprobación del Proyecto del Senado 1138 para crear la “Ley de Acomodo Razonable para Estudiantes con Enfermedades Crónicas”.
Según Rivera Cintrón, cuando su hija regresó a la escuela luego del tratamiento contra el cáncer, la directora escolar le exigió que ésta completara la misma cantidad de puntos que los que asistieron regularmente a clase, esto pese a que la joven había cumplido con la ayuda de tutores con todas las asignaciones y trabajos del curso escolar regular mientras convalecía en el hospital.
“Nos dimos cuenta de que no existe nada en derecho para defender al estudiante- paciente hospitalizado con condiciones crónicas en casos donde no florece la parte humanitaria. Esa es la inquietud que traigo hoy, hablamos por los que están hospitalizados, por los que están por ser diagnosticados, no queremos que la educación sea un obstáculo”, dijo el padre de Angelí durante las vistas públicas que contaron dos profesionales que transmitieron los detalles en lenguaje de señas, en beneficio de varios de los presentes.
Rivera Cintrón explicó que en el caso de su hija Angelí, cuando llegó al colegio, le llamó preocupada porque la directora se había reunido con ella y le había exigido unos cuatro mil puntos adicionales, “al día siguiente voy y hablo con la directora del colegio y ella me dijo que era así o que mi hija tomara verano para cumplir con el grado. Tan pronto la dueña del Colegio supo de la decisión me solicitó la evidencia de que mi hija cumplió con los requisitos de los maestros y ella decidió por encima de la directora escolar y se resolvió la situación”.
Para el también educador es importante que en las escuelas haya un protocolo que sirva para trabajar con una situación como la de su hija Angelí.
La autora de la medida, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago, aseguró que, “este proyecto es de Angelí, no lo escribí yo, es literalmente de una joven que pide un remedio legal. Yo creo que es algo de gran valor. Angelí es una niña extraordinaria. Yo realmente no tengo preguntas, creo que está claro el efecto que puede tener esto en la vida de un niño”.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Madeline Carrión Padilla, se expresó en contra de la medida, porque a su juicio es una intromisión indebida del Estado.
“El Estado no puede imponerles a una institución educativa la forma y manera específica de cómo llevar a cabo sus asuntos estudiantiles. Las instituciones educativas privadas no son instrumentalidades o criaturas del Estado, sujetas a la imposición de limitaciones en sus procesos normativos relacionados con la administración de asuntos académicos, estudiantiles o fiscales. Éstas son prerrogativas que sólo puede ejercer el plantel educativo privado”, mencionó Carrión Padilla según el comunicado de prensa.
Por su parte el senador por Carolina, Luis Daniel Rivera Filomeno, aseguró que, “me entristece la posición de la Asociación pero la esperaba, le habla un padre que fue víctima de su posición en este proyecto, que fue víctima de una institución educativa privada que no quiso realizar un acomodo razonable para mis hijos con unas necesidades básicas de déficit de atención”.
Por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, endosó el proyecto pero solicitó que se incluya en la medida que el estudiante que solicite el acomodo razonable evidencie el servicio que solicita con recomendaciones de los profesionales de la salud que los atiende.
El Consejo de Educación de Puerto Rico, la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico y la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico también apoyaron la medida.