Por: Redacción Presencia
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CAROLINA- La Coalición Playas Pa’l Pueblo (CPPP), compuesta por varias organizaciones comunitarias, ambientales y ciudadanos, hizo entrega al gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, de miles de endosos de ciudadanos que apoyan la petición para que designe como Bosque Costero de Carolina al único parcho significativo de vegetación en todo el litoral del área metropolitana.
Esta propuesta del Bosque Costero es la respuesta del campamento Playas Pa’l Pueblo al impase mantenido en los pasado 10 años y que ha provocado mantener el campamento de desobediencia civil más largo en la historia de País.
Mediante comunicación escrita, la CPPP informó que también le entregaron a García Padilla un recordatorio para que cumpla con su palabra de interceder en la investigación y revisión del contrato de arrendamiento, otorgado en el año 1996 por el municipio de Carolina a la Empresa HR Properties, Inc.
“El Gobernador aún no ha contestado la carta que suscribió a nombre de la Coalición el Lcdo. Pedro Saade Llorens, hace tres años, y cuyo objetivo fue traer ante su consideración el serio problema social de manejo de recursos naturales y de política pública que presenta el pretender sustraer cinco cuerdas de terreno público del Balneario de Isla Verde”, reza el comunicado de prensa.
En el año 2012 se creó bajo la Ley 274 la Reserva Marina de Isla Verde en el litoral costero donde se propone el Bosque Costero.
“Si antes era plenamente justificado y urgente, ahora lo es aún más. El Bosque Costero buscará restaurar con vegetación nativa el bosque que en sus días existió en las costas de Puerto Rico. Además de desarrollar un centro de investigación y educación marina en beneficio de las comunidades cercanas a la zona metropolitana”, añade la comunicación escrita.
La CPPP mantiene su compromiso de lograr que estos terrenos puedan ser conservados en su estado natural y su uso público sea mantenido como lo establece Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico . La CPPP surgió de la necesidad de defender el derecho al uso y disfrute del bien público y para proteger la zona costera “de la privatización corrupta y criminal”.