Por: Redacción Presencia
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LA FORTALEZA- El gobernador Alejandro García Padilla envió hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la creación del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer.
El Programa, que asume las funciones de la actual Procuraduría de las Mujeres, contará con amplias facultades y autonomía para desempeñar su función de fiscalizar la implantación de la política pública y de su cumplimiento por parte de agencias públicas y entidades privadas.
La creación del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer impulsará la transformación del Departamento de la Familia, al cual estará adscrito, sirviendo como punto de partida para modernizar su visión, misión y servicios de acuerdo a las nuevas realidades de la sociedad puertorriqueña.
Permitirá además una mayor presencia en toda la Isla de los servicios que ofrecía la Procuraduría de las Mujeres, al contar con oficinas en las 10 regiones del Departamento de la Familia.
La creación del nuevo Programa no afectará en modo alguno los fondos estatales y federales que reciben las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directo a las mujeres y que se gestionan a través de la Procuraduría de las Mujeres.
El proyecto enviado a la Legislatura garantiza que la nueva oficina ocupe un espacio de jerarquía y que pueda funcionar lo más autónomamente posible.
Los empleados de carrera o regulares de la Procuraduría de las Mujeres pasarán a ser empleados del Departamento de la Familia.
Se crea además un Consejo Consultivo para la Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer, integrado por siete personas de probada capacidad y liderato, que prestarán sus servicios ad honorem.
El Programa buscará garantizar la equidad de género en aquellas áreas en las que persisten la opresión, la discriminación y la marginación, como es la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones.
A esos fines, combatirá la menor paga por trabajo igual o comparable, el hostigamiento sexual en el empleo y en las instituciones educativas, la feminización de la pobreza, el sexismo y los estereotipos sexuales en todas sus manifestaciones, la explotación de las mujeres como objeto sexual, el discrimen por raza y edad y la ausencia de una perspectiva integral para atender el desarrollo económico, la autogestión, la salud y demás derechos de las mujeres.