Por: CyberNews

SAN JUAN – El director de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, informó que en la noche de lunes  recibió la decisión de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en la que se avala el contrato de arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM).

Según el comunicado enviado por La Fortaleza, el documento de 42 páginas indica que la FAA entiende que el contrato de arrendamiento, con los anejos finales, contiene suficientes provisiones para demostrar que la operación privada del aeropuerto está acorde con los términos y condiciones establecidos por la Ley federal. Está decisión está sujeta a que se cumpla con una serie de condiciones.

Se informó que el equipo financiero del gobernador Alejandro García Padilla está estudiando el documento para presentarle su recomendación al mandatario quien se expresará sobre el particular a su llegada al país.

El anuncio coincide con la aprobación en la noche en la Cámara de Representantes del informe negativo de la Resolución de la Cámara 1, que ordenó a la Comisión de Gobierno a realizar una investigación sobre la transacción de Alianza Publico Privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM).

“El gobernador tiene los fundamentos producto de esta investigación para concluir que ese contrato es malo para Puerto Rico. Solo falta determinar si tiene la voluntad para detenerlo o no”, dijo el portavoz de la mayoría, Charlie Hernández al culminar la votación.

Por su parte, la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González calificó como raquítico el informe presentado por la delegación del Partido Popular. González aseguró que el impacto de paralizar la transacción sería nefasto.

“El impacto financiero si se detiene la APP del LMM sería adverso a la Autoridad de los Puertos y al Banco Gubernamental de Fomento, aumentarían los pasajes, se reducirán las conexiones de vuelos, no anula la capacidad de Puertos de modernizar el aeropuerto en un término razonable y subirán los impuestos en el aeropuerto lo que conllevará pérdidas de empleo si no se aprueba la transacción”, señaló González Colón durante la discusión del informe de la Resolución de la Cámara 1, el cual  no avala la transacción de la APP en el LMM.

El informe de la Comisión de Gobierno indica que “luego de haber analizado los hallazgos y conclusiones de nuestra investigación, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recomienda que la Agencia Federal de Aviación no avale la transacción de privatización diseñada por la pasada administración gubernamental y la empresa Aerostar. También recomienda que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico corrija el rumbo nefasto de traslación del derecho de administrar el AILMM a manos privadas y procure retenerlo íntegramente como parte del patrimonio del pueblo”

La resolución será traducida al inglés y enviada a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). De igual forma se recomienda en la misma que se envíe a los dueños de la corporación Aerostar, al Director de la Autoridad de Puertos, Victor Suárez, al Director Ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, David Álvarez y al gobernador Alejandro García Padilla.

La resolución recalca que “la transacción de privatización que nos ocupa carece del indispensable valor de transparencia del que debe gozar toda transacción de enajenación o gravamen de un bien que forme parte del patrimonio público” y “Se puede prever, casi con certeza, que los costos de utilizar el aeropuerto aumentarán para todos los consumidores de sus servicios”.

En adición, la FAA anunció el pasado fin de semana que reducirá sus gastos en aproximadamente 600 millones de dólares en lo que queda del año fiscal, ante la posibilidad de que se produzca el llamado secuestro presupuestario.

En el escrito se informa que los recortes afectarán al aeropuerto Luis Muñoz Marín, al eliminarse el turno de noche de la torre de control. También, se reducirán los turnos del personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Los cambios podrían entrar en vigor el 1 de marzo y se mantendrán hasta septiembre.