Por: CyberNews
SAN JUAN – Las autoridades federales diligencian 42 órdenes de arresto para desarticular una organización criminal familiar en el Residencial Ernesto Ramos Antonini y otros pueblos por casos de narcotráfico y posesión ilegal de armas.
El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Iván Ortiz, informó que el operativo fue denominado Negocios de Familia, pues la mayoría de los miembros de la organización son parientes.
“Todas las personas involucrados en esta organización, de una manera u otra están emparentadas. Es una conducta delictiva que ha pasado de generación en generación en este residencial y tiene que ver con la guerra entre gangas en este residencial y residenciales aledaños”, dijo Ortiz en entrevista radial (WAPA Radio).
“Se le adjudica haber sembrado la violencia y se sospecha que son los responsables por una serie de crímenes ocurridos allí. El cabecilla de la organización, esperamos arrestarlo en la mañana de hoy, pero el operativo está en curso”, agregó.
Los detenidos serían transportados al Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey para su procesamiento.
En el operativo participan agentes de ICE, la Agencia Federal Antidrogas, el Negociado Federal de Investigaciones, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Aduanas y Protección Fronteriza, la Policía Estatal y las Policías Municipales de San Juan y Guaynabo.
La fiscal federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, informe en un comunicado que los arrestados enfrentan una acusación formal de seis cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas en un lugar protegido federalmente, conspiración para distribuir heroína, “crack” a base de cocaína, cocaína, marihuana, Percocet y Xanax.
El objeto de la conspiración era distribuir sustancias controladas en el mencionado complejo de vivienda pública y otras áreas cercanas en San Juan para beneficio financiero.
Según la acusación, desde el año 2005, los acusados conspiraron para poseer con la intención de distribuir narcóticos. El líder principal de la organización era Raymond Cruz Serrano, alias “R”. Éste controlaba y supervisaba las operaciones en los puntos de drogas y además era el dueño de la marihuana que se vendía en $6.00 y también del crack.
Entre los co conspiradores había un líder, tres directores, cinco dueños de la droga, siete corredores, 23 vendedores y dos vigilantes.
De acuerdo con la acusación, la organización realizó transacciones de drogas en presencia de menores de 18 años dentro del residencial y además algunos de sus miembros poseían y utilizaban armas de fuego para protegerse y proteger a su organización de los contrarios.
Veintiún miembros de la organización se enfrentan a un cargo adicional por uso y porte de armas de fuego durante las transacciones.
Este caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto César Rivera Giraud. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a un mínimo de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua, con multas de hasta $10 millones. Las acusaciones penales son sólo cargos y no evidencia de culpabilidad.