Por: CyberNews
SAN JUAN – El ex candidato popular a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar, dijo el jueves que la bola está en la cancha del gobernador, Alejandro García Padilla, la Legislatura, el comisionado residente, Pedro Pierluisi y los congresistas de origen puertorriqueño en relación al informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO) sobre el impacto de las Leyes de Cabotaje en el comercio de Puerto Rico.
“Si en verdad tienen la voluntad de quitarnos de encima esa carga de $1,300 millones anuales, hay que trabajar en una estrategia clara, agresiva y sólida para ir a Washington a batallar por la derogación de las leyes de cabotaje, pero partiendo de la realidad de que ese estudio del GAO está parcializado a favor de los grandes intereses económicos. Y para mí, el interés más grande es el de Puerto Rico. Tiene que ser una derogación total, no a medias ni como parte de un menú. La injusticia no se debe validar de manera alguna”, expresó Cox Alomar en un comunicado.
Agregó que el informe que recién recibimos es simplemente un repaso de las posiciones de los navieros como había indicado anteriormente, al tiempo que aseguró que Pierluisi está muy satisfecho con el informe.
Por otro lado, Cox Alomar dijo que el informe “es una chapucería de marca mayor” y que no tiene datos empíricos ni análisis alguno.
Destacó, además, que el Foro Económico Mundial este pasado mes de enero, reunido en Davos (Suiza), también concluyó que las leyes de cabotaje son negativas para la competitividad de la propia economía americana, y por consiguiente, la puertorriqueña.
Cox Alomar recordó que el Dr. Jeffrey Valentín Mari, un colaborador suyo en ese esfuerzo, hizo públicos los detalles de una reunión que él sostuvo con personal de la Oficina de Contabilidad General (GAO) en abril del 2012, en la instalaciones de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
“Tan pronto iniciaron las presentaciones, el personal del GAO indicó que ellos no iban a realizar un estudio cuantitativo y que se concentrarían solamente en exponer las impresiones de los grupos de interés. Además dijeron que realizar un estudio econométrico requería más de un año para obtener la debidas certificaciones”, sostuvo.