NUEVA YORK – Durante su séptima reunión pública, La Junta de Control Fiscal, aprobó el viernes los planes fiscales con enmiendas de cuatro corporaciones públicas, entre los que se incluyen medidas como la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el incremento en la tarifa de agua, y la privatización de ciertos servicios ofrecidos por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

De un lado, la Junta aprobó un plan para liquidar los activos del BGF y limitar sus funciones a agente de cobro de los préstamos otorgados por la entidad, para asegurar pago a acreedores. Algo que José Ramón González, miembro de la Junta, describió como una decisión “difícil”.

En cuanto al plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se acordó un aumento anual en la tarifa del agua a partir de enero de 2018, que según la Junta deber ser para todos los clientes y basado en los ingresos de los consumidores. Previamente el Presidente de la AAA expuso que estaban tratando de no aumentar tarifa a los clientes residenciales, pero entendía que era necesario para cubrir deficiencia.

En relación al plan fiscal de la ACT, González también recomendó mejorar la gobernanza, definir claramente su misión y buscar los recursos económicos necesarios para financiar sus operaciones. De hecho, Carlos García, sostuvo que entre las privatizaciones a contemplarse están las operaciones del Tren Urbano.

Por otra parte, sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se planteó la necesidad de revisar tarifas para lograr que el precio baje a 21 centavos el kilovatio hora para el 2023.

De acuerdo al director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, la estructura tarifaria de la AEE se encuentra en revisión ante la Comisión de Energía.

Asimismo, se mencionó la posibilidad de concretar APP para la generación de energía y que se debe implementar un programa agresivo de mejoras capitales que incluyan la diversificación de las fuentes de energía.

En otros aspectos, la Junta aprobó una resolución para discutir en una reunión ejecutiva el proceso para la posible radicación del Título III de PROMESA, que da paso a una reestructuración de la deuda pública por medio de la vía judicial.

Finalmente, a cuestionamientos de la prensa de cuál es el monto total del recorte requerido a la Universidad de Puerto Rico (UPR), González, indicó “que el plan fiscal de la Universidad todavía está en discusión por ellos, no ha sido sometido. Primero que nada, tiene que ser sometido a AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico), para ser armonizado con el Gobierno Central, y entonces viene a la Junta de Supervisión Fiscal”.

Asimismo, el presidente de la Junta, José Carrión, insistió que cualquier recorte “no es de sopetón” durante el primer año.