Por: Redacción Presencia
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RÍO GRANDE- El senador por el distrito de Carolina, Luis Daniel Rivera Filomeno, actuando en calidad de delegado presidencial del Partido Popular Democrático (PPD) en Río Grande, anunció hoy la radicación de candidaturas para la presidencia del Comité Municipal, ante la renuncia del acusado exalcalde Eduard Rivera Correa.
Según Rivera Filomeno, el período para presentar una candidatura a la dirección máxima del PPD en Río Grande inició el pasado viernes, 5 de septiembre, y culmina el jueves, 11 de septiembre. El proceso debe estar completado para el sábado, 20 de septiembre, tal como lo establece el Reglamento de la colectividad.
La Asamblea será este domingo a la 1:00 p.m. en el Salón de Actividades La Casona en la carretera PR-3 de Río Grande.
“A día de hoy, únicamente ha presentado oficialmente su candidatura, la legisladora municipal, Carmen Delia Caratini, quien a su vez se desempeña como directora regional del Departamento de Vivienda. Este próximo domingo, los delegados del Partido en Río Grande congregados en Asamblea, decidirán quién liderará la agenda local del Partido Popular Democrático y sus valores de justicia y solidaridad”, expresó Rivera Filomeno, quien se mostró satisfecho con el trabajo realizado.
“El Partido Popular Democrático es algo más que sus militantes, sus siglas y su estructura organizativa. Y más allá de los retos, es imperativo continuar expandiendo los valores de justicia y solidaridad, compatibles con la sensibilidad del gobierno que tiene este País, el gobierno de la gente. Somos una tradición, una historia, una cultura de lealtad y responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, incrustada en su memoria ¡somos el PPD!”, finalizó.
Rivera Correa renunció a su cargo el pasado 2 de septiembre para dedicarse a la preparación de la defensa para su caso federal. El exalcalde está preso en la Cárcel Federal de Guaynabo luego que fuera arrestado el 10 de julio pasado por agentes federales por un supuesto esquema de soborno a contratistas del municipio. Éste enfrenta cargos de soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia por alegadamente obtener cerca de $39 mil a cambio de contratos de programas federales.
Al alcalde se le negó la fianza, pues las Autoridades federales tienen en su poder grabaciones en las que el ejecutivo ríograndeño amenaza de muerte a potenciales testigos.