Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) objetó hoy que se penalice al operador de la institución en la que ocurra maltrato institucional de personas de edad avanzada en vez de penalizar a los empleados responsables de maltrato.

Propusieron que las penalidades se asignen a los operadores que conozcan sobre los casos de maltrato en su institución y no intervengan para detenerlos.

“No estamos de acuerdo con que se multe al operador de un centro de cuido por negligencia institucional porque puede que los directores del Centro no estén al tanto de la situación de maltrato que esté ocurriendo. Apoyamos que se penalice al empleado que ha sido negligente, siempre que se pruebe la negligencia”, indicó la doctora Minerva Gómez, presidenta del Comité de Defensa y Legislación del ADCCLD en un comunicado de prensa.

En la vista pública de la Comisión de Bienestar Social sobre el Proyecto del Senado 585,  la representante Luisa “Piti” Gándara, expresó la necesidad de mejorar la protección a las personas de edad avanzada.

“Tenemos que mejorar los servicios y protección a las personas de edad avanzada que, en ocasiones, está desamparada aún por sus propios familiares y el sistema. Muchos no tienen ni los conocimientos ni los medios para buscar ayuda y viven en situaciones precarias y de fragilidad”, dijo Gándara.

La ADCCLD solicitó que se divulgue el contenido de las querellas de maltrato aunque se mantenga la identidad del querellante confidencial.

“Se debe crear un registro de maltrato que se haya evidenciado en los diferentes centros de cuido para evitar que hogares sin licencia puedan seguir operando aún sin contar con todos los permisos de las agencias. Esto porque la mayoría de los casos de maltrato institucional ocurre en hogares sin licencia”, indicó José Romero, presidente de la Asociación.

En la vista quedó evidenciada la limitación de los espacios disponibles que tiene la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para atender casos de personas de edad avanzada con problemas mentales que necesiten tratamiento residencial.

“Tenemos 154 espacios para tratamiento prolongado y 35 con condiciones especiales, en acuerdos con instituciones privadas. Estos están llenos y con listas de espera. ASSMCA tiene la limitación que los pagos que ASSMCA le hace a las instituciones privadas están por debajo de los que éstas cobran lo que limita los servicios”, indicó el doctor Francisco Javier Parga de ASSMCA.

Gándara cuestionó la capacidad de ASSMCA para proveer los servicios en vista que el PS585 les exige que le den prioridad a los tipos de maltrato a las personas de edad avanzada víctimas de maltrato o negligencia.

Otro deponente, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) indicó que están trabajando desde el 2012 para crear un programa de adiestramiento para mejorar la intervención de los tribunales en caso de maltrato de personad de edad avanzada.

El Proyecto del Senado 585 busca establecer la responsabilidad y coordinación entre las agencias del gobierno en situaciones de maltrato de personas de edad avanzada. También, busca añadir nuevas definiciones sobre las conductas que constituyen maltrato contra esta población.