Nueve arrestados por los federales por fraude con becas Pell

07/22/2014

Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Un gran jurado federal presentó 18 cargos por fraude contra de nueve personas acusadas de defraudar el gobierno federal por más de $350 mil de fondos del Programa de Becas Universitarias Pell.

(Foto/Archivo)
(Foto/Archivo)

“La acusación en contra del imputado, Charles Santana, establece que éste reclutó a personas que no tenían la intención de asistir a una universidad o de alcanzar un grado universitario con el propósito de obtener fraudulentamente, fondos de asistencia estudiantil. Santana le prometía a estas personas una porción del dinero que generara el esquema de fraude”, señaló el fiscal federal Justin Martin.

De acuerdo con la investigación federal, Santana obtenía información personal de estos colaboradores con el propósito de usar sus identidades para solicitar asistencia económica en forma de fondos de la beca Pell y de préstamos estudiantiles. Santana hacía falsa representación al comprometerse de que los fondos, producto de la asistencia estudiantil serían utilizados para el pago de gastos educativos autorizados. Sin embargo, éste sabía que “los estudiantes” no habrían de asistir a una institución académica o alcanzar un grado universitario.

La institución en la que estos “estudiantes” se matricularon fue la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en su recinto de Guayama. Las Autoridades universitarias colaboraron con la investigación federal.

Santana enfrenta además de los cargos por fraude, ocho cargos de robo de identidad en su modalidad agravada. De acuerdo con el pliego acusatorio, Santana usó y transfirió sin autoridad legal información tal como nombre, número de seguro social y firmas electrónicas de otras personas con el propósito de defraudar al gobierno.

En el caso de las acusaciones por robo de identidad agravado, este es un delito que no tiene derecho a probatoria y contempla un mínimo de dos años de prisión mandatorio y consecutivos con cualquier otra pena. Los acusados se exponen a penas que van desde 20 años de cárcel por fraude electrónico y cinco años de cárcel por el fraude de préstamos estudiantiles.