Por: Jaime Torres Torres
Especial para Presencia

LUQUILLO – El comisionado residente en Washington y precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la primaria del domingo, 5 de junio, Pedro Pierluisi, reiteró su respaldo a Carlos Rodríguez, a quien apodan ‘Pirata’ y es foco de una controversia por la radicación de 532 recusaciones que causaron malestar en sectores de las huestes novoprogresistas y estadistas en la Capital del Sol.

Pierluisi dijo que las recusaciones proceden conforme a la ley cuando un elector ha fallecido o ha cambiado su domicilio a otro pueblo.

Abordado sobre las recusaciones de Rodríguez a novoprogresistas que alegadamente no simpatizan con su precandidatura y sí con la de su rival de partido Ángel Luis Rosa, el presidente del PNP sostuvo que “el que una persona no apoye a uno no es causa para recusar” y añadió “en el caso de Carlos, yo lo apoyo porque es el presidente del comité municipal”.

Desestiman las recusaciones

Al cierre de esta edición, las 532 exclusiones radicadas por Rodríguez fueron reprobadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) porque, según un documento oficial al que logró acceso este medio, el precandidato y sus colaboradores obviaron las disposiciones de la Sección D del Manual de Procedimiento para el Trámite de Recusaciones sobre la acreditación del diligenciamiento y la cumplimentación correspondiente del formulario de citación.

Rodríguez, a quien le han dedicado una plena en la que cuestionan su integridad política y a cuyo comité le atribuyen extraoficialmente la presunta mutilación de propaganda política de Rosa, dijo que las recusaciones se hubieran examinado después de las primarias, por lo que los electores podían ejercer su derecho al voto.

Atribuyó la desestimación a la inexperiencia de los jóvenes y adultos de su equipo que lo ayudaron en el proceso y aclaró que su intención no fue entorpecer el derecho al voto de los novoprogresistas que no respaldan su candidatura.

“En las recusaciones que se radicaron había como 50 o 60 penepés. Los jóvenes que hicieron el trabajo desconocen quién es PNP. La mayoría son populares de otros municipios, como Río Grande y Carolina, que le prestaron el voto a Jerry”, dijo Rodríguez, quien se desempeña como director ejecutivo del Consorcio del Noreste.

De hecho, por segunda ocasión, Rodríguez emplazó públicamente al alcalde de Luquillo, Jesús Jerry Márquez a debatir sobre los electores populares de otros ayuntamientos que en 2012 supuestamente le prestaron el voto.

Por su parte, el novoprogresista Carlos Casanova, quien desde 1988 se desempeñó como director de campaña del PNP en Luquillo, aseguró que fueron alrededor de un centenar los novoprogresistas que el director del Consorcio intentó recusar.

“He estudiado las listas y le he dedicado mucho tiempo. He identificado alrededor de cien. Sé que no conozco a todos los penepés del pueblo, pero estoy convencido de que son muchos más que los 100 que identifiqué. Ochenta son bien conocidos y todos se inclinan a respaldar a Ángel Luis Rosa”, dijo.

La primaria del 5 de junio entre Luis ‘Papo’ Méndez Benabe, Ángel Luis Rosa Barrios y Carlos Rodríguez parece más cerrada de lo que percibe la opinión pública. Incluso, se asegura que numerosos populares votarán por Rodríguez.

“Esa es la forma de proceder de este señor [Rodríguez] y la poca importancia que le da a la unión del partido. Si las recusaciones hubiesen procedido y resultase vencedor en la primaria y luego en una elección cerrada, como la vislumbro, al mismo señor Rodríguez le pudieran resultar vitales los votos recusados. En los años que llevo como estratega del PNP nunca había visto algo similar”, sostuvo Casanova.

La Ley Electoral es clara

El artículo 12.018, sobre el Delito de inscripción o de transferencia, establece que “toda persona que voluntariamente se hiciere o dejare inscribir o transferir en el Registro General de Electores a sabiendas de que no tiene derecho a tal inscripción o transferencia por estar basada en hechos falsos o indujere, ayudare o aconsejare a otra a efectuar dicha inscripción o transferencia fraudulenta […], incurrirá en delito grave que será sancionado con pena de reclusión que no será menor de un año ni mayor de tres años o con multa que no excederá de $5 mil o ambas penas a discreción del tribunal”.