SAN JUA – Un sargento de la Policía Municipal de San Juan que fue despedido en el 2017 demandó en el tribunal estatal y federal a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto por violación de derechos civiles.
En los recursos legales se incluyeron a la directora de Recursos Humanos, Marta Vera Ramírez, y la directora de prensa, Carmen Serrano Cruz.
La controversia en este caso responde al incidente que culminó con la muerte de una infante en Casa Cuna de San Juan, el 4 de julio de 2016. El exsargento Luis Camacho Ortiz aludió en su demanda que una de las razones para su despido fue porque le dio la información del suceso a un redactor de la página de internet de noticias, tunoticiapr.com. Además, reclamó haber sido discriminado por ser de raza negra.
“Las denuncias del demandante llegaron a la atención de los demandados, quienes instruyeron a la directiva de la Policía Municipal de San Juan a ordenarle al demandante agotar todos sus balances acumulados por licencias”, reza la demanda radicada en el tribunal estatal por el licenciado Michael Corona en el mes de mayo.
El alegato en la demanda indica que hubo otras informaciones publicadas en esa página de internet, que provocaron que “a partir del mes de octubre de 2015, la alcaldesa Cruz Soto, Vera Ramírez y Serrano Cruz comenzaron a carpetear al demandante”.
Cabe destacar que Camacho Ortiz también escribe para esa página de noticias, supuestamente en su tiempo libre.
“La demandante Vera Ramírez seguía los pasos del demandado y redactó un informe escrito fechado 20 de octubre de 2015. El informe referido carece de número de comunicación del municipio de San Juan, como corresponde, y narra de todas las noticias e información que los codemandados entendían hacían daño a la imagen de la alcaldesa. No se informaron las reseñas que favorecían a la alcaldesa Cruz Soto”, expuso el licenciado Corona en la demanda.
La acción legal incluye una declaración jurada del capitán Raymond Ferrer. En la misma alegó que en el mes de octubre de 2015 recibió de manos de Vera Ramírez una carpeta sin número de comunicación oficial con el encabezado. La misma estaba titulada, “Consulta en torno a proceder de miembro de la Policía Municipal/Reportero de sitio web Tu Noticia PR.com. Alegó que la carpeta contenía las acciones administrativas que supuestamente incurrió el entonces sargento de la Policía Municipal por ejercer como reportero del medio o periódico virtual.
En la declaración jurada, Ferrer alegó que cuando comenzó a realizar la investigación, recibió la instrucción del entonces comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto, que no realizara la investigación formal e hiciera el informe con los documentos recibidos. El 20 de enero de 2016, entregó el informe a Calixto.
“Las recomendaciones esbozadas en ese informe para ser probadas o no probadas tendría que haberse realizado una investigación administrativa formal, la cual entiendo no se realizó, siguiendo los parámetros establecidos”, según detalla la declaración del capitán Ferrer, quien además alegó que el procedimiento fue contrario a los estatutos legales vigentes.
Entretanto, en la demanda en el foro federal, suscrita por los abogados Jane Becker Whitaker y Jean Paul Vissepó García en el mes de junio, el exsargento Camacho Ortiz alegó violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El alegado patrón de carpeteo suscrito por el demandado comenzó en el año 2015, se agravó el pasado 4 de julio de 2016 con la publicación del incidente en Casa Cuna y continuó hasta su carta de expulsión sumaria fechada el 21 de julio de 2017.
En la demanda federal, Camacho Ortiz exige que se le restituya a su puesto como sargento de la Policía Municipal; que ordene al Municipio de San Juan que se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen 2 millones de dólares en daños, además de las costas de abogados.
Para el caso estatal, además de que le devuelvan su puesto y le paguen las compensaciones dejadas de recibir, Camacho Ortiz reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan; 300 mil dólares a la alcaldesa Cruz Soto; 250 mil dólares a la licenciada Vera Ramírez y 100 mil dólares a Carmen Serrano. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.
Se solicitó a los funcionarios del Municipio de San Juan una reacción a las demandas. La portavoz de prensa, Carmen Serrano Cruz contestó que “la política pública del municipio es que no emitimos comentarios sobre casos o investigaciones que estén en curso”.