SAN JUAN – Los representantes Luis Vega Ramos y Rafael Hernández Montañez presentaron dos medidas dirigidas a atajar un patrón de evasión multimillonaria del pago del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) en el renglón de importaciones de bienes muebles para ser usados, pero no vendidos, en las actividades de negocios de ciertas empresas.
Dicha evasión está presente desde el inicio del IVU en el 2006 y ronda los cientos de millones de dólares en impuestos dejados de pagar. Las medidas presentadas resolverán prospectivamente el problema que causa dicha evasión, además de investigar cuan generalizada ha sido, con miras de recobrar la mayor cantidad de lo dejado de pagar y de que los evasores respondan ante la justicia por su incumplimiento.
“El IVU tiene un componente contributivo dirigido al uso de lo que las empresas importan, no para vender, sino para operar sus negocios. El pago por dichas importaciones depende de la honradez del contribuyente y esto ha probado ser ineficiente. Al presente se importan millones de dólares en bienes sujetos al impuesto de uso que no están siendo declarados en las planillas mensuales del IVU y no están pagando el correspondiente siete por ciento. Tenemos que terminar con eso”, sostuvo el representante Vega Ramos.
En términos específicos la evasión versa sobre escaparates, colgadores, estantes, cajas registradoras, letreros iluminados, monitores y otros artículos dirigidos a la exposición y venta de mercancía al detal. De igual manera, incluye las obras de arte, muebles, enseres de cocina, artículos de construcción, tubería, elementos estéticos y otros similares que ciertas empresas traen a Puerto Rico para montar sus establecimientos y que no están pagando IVU. De hecho este impuesto le aplica a todo lo que una empresa importa por sí misma para ayudarse en sus operaciones.
Por ello, Vega Ramos anunció, que junto al Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y “con el propósito de cerrar uno de los mayores huecos de evasión que tiene la ley”, presentó legislación para establecer que el tiempo de la declaración y el pago del impuesto de uso de dichos artículos importados a Puerto Rico será el momento de su entrada, marítima o aérea, y no al mes entrante con la planilla del IVU. Dicha legislación irá a vista pública en las próximas semanas.
“Los bienes para uso que hoy se importan, junto a los que son para venta, obtienen levante automático en puertos de parte Hacienda, sujeto sólo a la obligación del importador de rendir la planilla del IVU dentro de los primeros 10 días del mes próximo. Con los bienes que se venden no existe mayor problema en esperar a la planilla del IVU. Sin embargo, los recaudos por concepto de los bienes de uso, no llegan o al menos el recaudo es ínfimo. Por los pasados siete años son muy bajas las partidas reportadas por concepto de uso por las empresas que directamente importan estos bienes. El sistema electrónico de información de imposición contributiva del Departamento de Hacienda hoy no tiene un clasificación para los bienes de uso con dicha obligación tributaria”, explicó.
Los legisladores también presentaron la Resolución de la Cámara 521 que ordena a las comisiones de lo Jurídico y de Hacienda investigar el incumplimiento acumulado en estos años en torno al pago de impuesto de uso por importaciones y la posible violación a leyes y reglamentos como práctica de evasión contributiva. La investigación además, recomendaría mecanismos adicionales que se requieran para obligar al cumplimiento futuro con el pago del mismo, así como la necesidad de enmendar leyes y reglamentos para detener y hacer cumplir el actual mandato impositivo.
“La delicada situación fiscal a la cual nos enfrentamos no puede soslayarse. El aumento al recaudo y la reducción de la evasión contributiva se han convertido en retos fundamentales del gobierno, ya que de este dependen sus obligaciones. La actual crisis requiere que se haga el mayor esfuerzo de recaudación con los impuestos previamente legislados. Esto le está costando enormemente al Tesoro de Puerto Rico en impuestos de uso adeudados pero no remitidos al Estado”, opinó el legislador en conferencia de prensa hoy, al mismo tiempo que reveló que presentó otras medidas dirigidas todas a reducir los gastos gubernamentales o aumentar recaudos no provenientes de la clase asalariada.
Entre estas, una enmienda al Código de Rentas Internas a los fines de eliminar el tope del arbitrio a ser impuesto y cobrado por embarcación de lujo que establece que no excederá de 10 mil dólares al arbitrio sobre el precio sugerido de venta al consumidor. “La ley 1 del 2011, según enmendada, contiene topes para algunos bienes y servicios que ante la presente situación es necesario revisar. Las medidas de recaudo funcionan mejor cuando se reparte la responsabilidad de manera equitativa. Por esa razón, este proyecto busca eliminar las exenciones o topes sobre este tipo de artículo, para hacer el recaudo uno justo, cónsono con el poder adquisitivo de este tipo de producto”, expresó Luis Vega Ramos.
Otro proyecto de ley, el Proyecto de la Cámara 1175, fue presentado para añadir un nuevo inciso a la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, con el propósito de realizar por etapas los cambios administrativos y reglamentarios necesarios para que, a partir del 1ero de julio del año 2014 la totalidad del sistema de servicios de salud a pacientes médico indigentes opere mediante un sistema de contratación directa con proveedores de servicios de salud.
“El sistema de salud administrado por ASES se ha elevado en una espiral desenfrenada de costos hasta sobrepasar los 2,000 millones de dólares anuales. Se estima que entre un 10 a un15 por ciento de esos son pagos a aseguradoras. Con un sistema de pago directo, ahorramos unos $ 200 millones anuales y recurrentes”, explicó el Representante al tiempo que anunció otra medida para garantizar que las deudas actuales de las aseguradoras con Centro Médico sean descontadas automáticamente de las remesas que ASES envía por la reforma.
De igual manera Vega Ramos informó que sometió legislación para enmendar la Ley de Publicaciones y Documentos Oficiales para formalizar definitivamente al Internet como el medio de publicación oficial de las agencias para sus notificaciones de subastas. La medida excluiría aquellos anuncios de subasta que son sufragados parcial o totalmente con fondos federales o por alguna ley o reglamentación federal que exija la publicación en un medio en particular.
A este proyecto, Vega Ramos le añadió una iniciativa antes presentada para fomentar la transición de ciertos sistemas operativos electrónicos del gobierno de los que pagan derechos anuales de licencia a los que son de código abierto que no pagan dichas licencias.
“La creatividad y la eficiencia deben ser el norte de un país que atraviesa uno de sus peores momentos económicos y el Siglo XXI esto significar mayormente el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos. Es preciso puntualizar que para el presente año fiscal, que termina el 30 de junio de 2013, se estima un déficit fiscal estructural de aproximadamente 2,157 millones de dólares, que se compone de un subvención deficitaria a través de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) de 332 millones de dólares, el refinanciamiento de deuda de $775 millones, sobre gasto de algunas agencias de aproximadamente 140 millones de dólares y una insuficiencia en los ingresos netos del Fondo General calculado en alrededor de 910 millones de dólares al 31 de enero de 2013”.
“Ante este panorama, sencillamente resumido, pero sustantivamente complejo, presentamos legislación con el propósito de distribuir responsabilidad fiscal en distintos sectores, con un fin de bienestar público. Las medidas que propongo y las ejecutorias de este gobierno nos alejarán de la falta de transparencia y sensibilidad con la cual la pasada Administración se caracterizó”, concluyó el legislador Popular.
(CyberNews)