Por: CyberNews
SAN JUAN – La organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA), emplazó al gobernador, Alejandro García Padilla, para que cumpla su palabra de fiscalizar el funcionamiento de Aerostar, privatizadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y que ordene a la Comisión Evaluadora del contrato a investigar de manera inmediata los aumentos en las tarifas y el proceso de entrevistas y otorgación de empleos.
Los miembros de la agrupación además reclamaron al mandatario que tan pronto se corroboren sus denuncias, se proceda a rescindir el contrato a la mayor brevedad.
“A sólo semanas de la entrega del Aeropuerto, las decisiones y eventos que ocurren en el mismo nos demuestran o que el gobernador nunca firmó los tres acuerdos o que el privatizador los está violentando impunemente sin que nadie lo detenga”, dijo el portavoz de PUEDA, Juan Camacho en un comunicado.
Recordó que antes de la firma final del contrato entre Aerostar y el gobierno de Puerto Rico, el gobernador planteó tres elementos como requisitos fundamentales para cerrar el negocio: no alza en las tarifas, garantía de empleos para los trabajadores del Aeropuerto y que no se limitara el crecimiento de los aeropuertos regionales o secundarios.
“La realidad fue que aunque se informó que el gobernador había firmado esos tres acuerdos con Aerostar como parte del contrato, nunca se hicieron públicos, no empece nosotros hicimos ese reclamo el pasado 20 de febrero”, indicó.
Denunciaron los aumentos de tarifas que Aerostar está aplicando a las líneas aéreas, las cuales serán aplicadas a los consumidores. Estos aumentos nada tienen que ver con el Passenger Facilities Charge (PFC).
En vuelos dentro de los Estados Unidos con contrato, se pagaba $2.40 por pasajero y ahora se pagarían $2.70. En el caso de vuelos en Estados Unidos sin contrato, se pagarían $3.37 por pasajero, en lugar de los $2.40 que se pagaban antes.
Por otro lado, Camacho indicó que en vuelos internacionales con contrato, se pagaban $13.84 por pasajero y ahora pagarían $27.89. Para vuelos internacionales sin contrato, la tarifa aumentaría de 13.84 a $34.11.
Mientras tanto, en vuelos de 12 pasajeros o menos, con contrato, de Islas Vírgenes, Saint Thomas, Santa Cruz, Ponce, Culebra, Vieques, Isla Grande se pagaba $1.25 por pasajero, mientras que ese cargo aumentó a paga $1.45. En vuelos de 12 pasajeros o menos, sin contrato, de Islas Vírgenes, Saint Thomas, Santa Cruz, Ponce, Culebra, Vieques, Isla Grande se pagaba $1.25 y ahora pagan $1.82.
Según Camacho, las tarifas de vuelos fletados en un avión 737-800 de 100 pasajeros, aumentó a $4,539.78 a marzo 15 pasado. Para aviones fletados MD-80, el costo aumentó a $4,434.21.
Para vuelos “charter” frecuente de 12 pasajeros o menos, la tarifa subió a $211.27 y en para aviones de nueve pasajeros, aumentó a $367.61.
Mientras tanto, la tarifa de aterrizaje de líneas aéreas con contrato en febrero 15 era de $3.65. Ahora con Aerostar subió a $3.67. La tarifa para aerolíneas sin contrato subió a $4.59
La renta de espacios no-exclusiva antes pagaba $49.88 por pie cuadrado, mientras que ahora paga $56.25 por pie cuadrado.
“La realidad es que el gobierno ha delegado en Aerostar todo lo relacionado con la otorgación de empleos. De esa manera, Aerostar entrevista y ofrece plazas de manera muy selectiva sin que ningún funcionario del gobierno intervenga en defensa del acuerdo que supuestamente el gobernador firmó con dicha empresa”, dijo Camacho.
El activista sostuvo que en las entrevistas Aerostar sólo ha prometido los beneficios que establece la ley, con un período probatorio de tres meses y con un plan médico sin cubierta definida al momento de la entrevista. El trabajador entrevistado tiene 24 horas para decidir y si acepta tiene que entregar un documento de renuncia de la Autoridad. Así también, vienen obligados a firmar como trabajadores exentos, lo que significa que no tendrán derecho a horas extras ni derecho a licencia por enfermedad y vacaciones.
“Todo parece indicar que ante la indefensión de los trabajadores, la mayoría de éstos se quedarán en la Autoridad y que el único responsable de garantizar los empleos será el gobierno. Sin embargo, al día de hoy, la Autoridad no tiene espacios para estos trabajadores y mucho menos un Plan para reasignar a más de 250 trabajadores que van a permanecer en la agencia. Así también, los trabajadores no saben nada de manera concreta del retiro incentivado”, señaló Camacho.