Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Miguel Hernández Vivoni renunció a ese cargo efectivo el viernes 14 de febrero, alegando una cuestión de interferencia de sus funciones.

“Ejemplo de esas acciones es la interferencia en el manejo de los recursos humanos; la imposición de empleados de confianza; intromisión indebida con contratos de servicios técnicos y profesionales; la intromisión en la autorización de compras necesarias; la desorganización de las líneas de comando en la agencia; esfuerzos constantes para obstruir y afectar la rutina de trabajo; reducciones de salarios sin el debido proceso; amenazas constantes de la administración de turno de enmendar la ley orgánica para despedir empleados, entre otras”, alegó Hernández Vivoni en su carta de renuncia de cuatro páginas enviada al gobernador Alejandro García Padilla.

El funcionario mencionó en su carta que en 2012 la Ley Orgánica de la AVP fue enmendada para que el Administrador fuera nombrado por el Gobernador con el consentimiento del Senado para un término de siete años, con lo que fue nombrado y confirmado el 17 de diciembre de ese año.

Señaló que, “la peor de las situaciones ocurrió en julio de 2013 cuando la Legislatura aprobó una medida introducida por un legislador, que cándidamente dijo a la prensa, que el objetivo del proyecto era sacar a los empleados atornillados en la agencia”.

Hernández Vivoni, alegó haber rechazado la medida, que trastocaría los servicios y funciones de la AVP e indicó que los líderes legislativos rechazaron la intención de la medida y que intentaron sin éxito enviarla a evaluación. Sin embargo, dijo el proyecto fue aprobado sin haber tenido la oportunidad de expresar al Gobernador los problemas con esa propuesta.

Detalló que tras la aprobación de la medida, la Junta de Gobierno, presidida por el secretario de Vivienda Rubén Ríos Pagán, tomó control de la agencia y que tuvo que solicitarle la renuncia a todo su personal de confianza. Sostuvo el nuevo personal fue nombrado por la propia Junta.

“En mi caso, constantemente expresé que mi estancia como administrador dependería del mantenimiento de cierta autoridad que me permitiría trabajar para mejorar la calidad de vida de las 55 mil familias que residen los complejos de vivienda pública”, concluyó el funcionario.