SAN JUAN – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez denunció el domingo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por presuntamente actuar de manera irresponsable y dilatar durante cinco meses la entrega del informe de certificaciones de gastos en contratos y servicios profesionales en el gobierno como establece el Artículo 6 de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.

Además, señaló que supuestamente todavía hay más de 50 agencias que incumplieron con el mandato de Ley.

“Durante el mes de noviembre tuve que acudir al Tribunal mediante un recurso de Mandamus para que la OGP cumpliera con la Ley 66 ya que las solicitudes que había realizado a través del Senado de Puerto Rico habían resultado infructuosas. El Tribunal ordenó a la OGP cumplir con nuestra petición y finalmente la Oficina cumplió de manera parcial”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en un comunicado de prensa.

El senador reiteró que OGP debía entregar para el 30 de agosto de 2014 a la Asamblea Legislativa dicho informe, por lo que incumplió con la Ley. “No es hasta cinco meses después de la fecha estipulada en el Artículo 6 de la Ley 66 que la agencia entregó la información de forma parcial a la Secretaría del Senado. La OGP no incluyó, en lo enviado, el Informe de las agencias que incumplieron con la presentación de la certificación requerida. Además, OGP no informó haber cumplido con aplicar las penalidades correspondientes a las más de 50 entidades que incumplieron con la certificación requerida”, dijo.

Precisó que la Ley 66 ordena la reducción de contratos de servicios profesionales en el gobierno en no menos de un 10 por ciento. El Artículo 6 de la mencionada Ley establece que las agencias le certificarán anualmente a la OGP en o antes del 31 de julio el gasto incurrido por concepto de los contratos.

“OGP abusó del proceso judicial radicando mociones frívolas con la obvia intención de dilatar el proceso en el Tribunal. Nuestra intención es tener la certeza de que el gobierno ha cumplido con la reducción de contratos a la que vienen obligados. Se habla de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de un 16 por ciento, se han establecido cientos de impuestos y se les han reducido beneficios a los empleados públicos con el argumento de que no hay dinero en las arcas del gobierno, por tanto el pueblo tiene derecho a saber si se acató la Ley y se hicieron las reducciones correspondientes”, señaló el portavoz PNP en el Senado.

(CyberNews)