Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Antonio “Tony” Soto, informó ayer que el juez federal, Francisco Besosa, ordenó al gobernador Alejandro García Padilla a retirar de manera inmediata el nombramiento de Grace Sylvette Lozada-Crespo, o de cualquier otra persona, como comisionada y presidente de la Comisión Industrial.
Según Soto, el juez debe mantener en dicha posición al licenciado Basilio Torres Rivera, hasta tanto el Tribunal tome una determinación en cuanto a la solicitud de Interdicto Preliminar presentada por el funcionario contra el gobernador.
Soto, además de circular la determinación del Tribunal tomada este viernes pasado, exhortó al gobernador y a la Rama Legislativa a, “desistir de sus odios y sed de venganza en contra de sus adversarios políticos y que se pongan a trabajar por los verdaderos problemas que afectan nuestra gente”.
El legislador indicó que, según la Orden de Entredicho Provisional dictada por el juez Besosa, el licenciado Torres Rivera fue designado por el gobernador Luis Fortuño y confirmado por el Senado para ocupar la posición de comisionado y presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico por un término de seis años.
Sin embargo, García Padilla removió a Torres Rivera de su posición aduciendo que en virtud de la más reciente enmienda a la ley que crea la Comisión Industrial, la posición de presidente dejó de ser una posición a término fijo, convirtiéndose ahora en una posición de libre remoción por el gobernador. Fue entonces que el ejecutivo designó a Lozada Crespo como nueva comisionada y presidente del organismo, encargada de revisar las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
El juez Besosa expresó en la orden que el nombramiento del licenciado Torres Rivera, para el cual fue confirmado por el Senado, fue uno conjunto como comisionado y presidente de la Comisión Industrial. A juicio de Besosa, Torres Rivera tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos y no existe evidencia de que éste haya actuado de manera negligente en el desempeño de sus funciones o deberes.
El representante informó que la determinación judicial reza que la ley que creó la Comisión Industrial, según la misma se encontraba vigente al momento de la designación de Torres Rivera, no le reconoce al gobernador de manera expresa la autoridad para remover a los comisionados ni al presidente de la Comisión Industrial. Añade que la ley que creó la Comisión Industrial reconoce a dicha agencia y en su consecuencia a los Comisionados nombrados a término, funciones cuasi-judiciales y cuasi-legislativas, que igualmente limitan los poderes de remoción de García Padilla.
El Tribunal citó a las partes a una vista argumentativa el 31 de enero de 2014, en la cual examinará si concede carácter permanente a la Orden de Entredicho.