Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Tras meses de denunciar supuestas violaciones de ley por parte del director ejecutivo del Sistema de Emergencias 911, Roberto Fuentes Maldonado, la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones contradijo las declaraciones del funcionario durante las pasadas semanas referente al funcionamiento del sistema de emergencias y la paz laboral.

El vicepresidente de la Unión y telecomunicador de emergencias del 9-1-1, Aramis Cruz Domínguez, denunció hoy la inacción por parte del ejecutivo ante esta situación. Dijo que la crisis se debe en parte a la falta de fondos, personal y equipo para despachar las emergencias en los municipios integrados.

“Cuando una emergencia ocurre en uno de los municipios que están integrados contractualmente al 9-1-1, la gran mayoría de las veces el paramédico que nos responde indica, entre otros, que no tiene unidad disponible, que la unidad esta averiada o que el paramédico esta solo en el despacho por lo que no puede atender la emergencia cuando esa es parte de su responsabilidad. Cuando eso ocurre, el telecomunicador del 9-1-1 tiene que cortar la conexión con ese municipio y comenzar otra conexión con Emergencias Médicas Estatal. Realizar estas gestiones pone en peligro la salud del ciudadano que confía en nosotros y que por su emergencia necesita un servicio rápido.  Esto a su vez, ha llevado a un aumento en el tiempo de respuesta”, dijo Cruz Domínguez en un comunicado.

Sin embargo, a juicio de Cruz Domínguez “esto podría empeorar”, pues con este nuevo año fiscal, los municipios y las agencias de respuesta dejarán de recibir las partidas financieras acordadas en el contrato que firmaron, o los desembolsos que anualmente aprueba la Junta de Gobierno, “gracias a la decisión de Fuentes de donar $12 millones al fondo general luego de proveer información falsa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) al decir que el 9-1-1 tenía un sobrante de la cantidad antes mencionado”.

“Pero eso no es todo, la Unión también denunció una crisis en el servicio de atención ciudadana 3-1-1. Ese departamento (que es parte del 9-1-1) pierde alrededor de 800 a 1000 llamadas diariamente (reciben un promedio de 1,600 a 2,000 todos los días) esto por falta de personal”, dijo Cruz Domínguez.

A modo de ejemplo, informó que el 8 de septiembre pasado se atendieron 1,256 y se perdieron 1,306. El 9 de septiembre se atendieron 1,124 llamadas y se perdieron 1,066; y el 22 de septiembre se atendieron 1,087 y se perdieron 810. El pasado jueves atendieron 1,022 y se perdieron 376.

A juicio de la Unión, esto se le suma a las alegadas denuncias que se han hecho en el pasado que recogen desde actos de corrupción, mala administración de fondos, uso indebido de su vehículo oficial, viajes al exterior sin autorización de la Fortaleza y la Junta de Gobierno, el uso de un contrato de publicidad para el Director Ejecutivo pagarse a sí mismo y al personal directivo clases de cómo hablar en público y manejo de medios de comunicación, entre otros.

La Unión se apresta a radicar nuevas denuncias ante la oficina de la Contralora y espera por una acción de parte de los integrantes de la Junta de Gobierno y la Asesora en Seguridad Pública del gobernador, Alejandro García Padilla,  y la licenciada Rivera Corujo, quienes tienen copia de las denuncias hechas por la Unión y las respectivas evidencias.