SAN JUAN – La Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, continuó el martes, con el análisis de una medida del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que crea el Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

De acuerdo al Proyecto de la Cámara 11, el ente trabajará exclusivamente con aquellos casos de naturaleza penal que la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) no pueda atender por razón de conflicto de interés. De igual modo, tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada, para proveer servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada. 

La legislación establece que el organismo estará adscrito a la SAL y sus gastos de funcionamiento se sufragarán de los fondos provenientes de las ventas del sello especial de suspensión. A la audiencia compareció el director ejecutivo de la SAL, el licenciado Félix Vélez Alejandro, quien avaló el espíritu de la pieza. El letrado manifestó que la medida muestra el consenso social, jurídico y político que se ha alcanzado en cuanto al deber que tiene el Estado de establecer procedimientos y mecanismos que viabilicen el ejercicio del derecho constitucional a gozar de una adecuada representación legal en un proceso criminal.

El portavoz de SAL negó que pueda existir conflicto de interés entre el ente y los abogados que conformen el Panel. “Esa posibilidad queda disipada si existe separación de fondos y funcionamiento administrativo”, afirmó.

Agregó que el sistema sería similar al que ha existido en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. “Además, los abogados del Panel tendrán control o libertad de la manera que litigan sus casos”, señaló.

Vélez Alejandro recomendó que se solicite información de cuánto produce el arancel de suspensión de casos y que disponga que lo transferido a la SAL para el Panel, un determinado por ciento vaya destinado para continuar representando menores.  A su vez, que la ley le conceda autoridad a la Junta de Directores de la SAL para establecer el Programa propuesto por el líder de la Cámara.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados, Marck Anthony Bimbela, sugirió que para allegar recursos al Fondo de Abogados de Oficio, se podrían celebrar dos sorteos extraordinarios de la Lotería Tradicional. De igual modo, dijo que se le podría imponer un arancel de 20.00 dólares en la compra y venta de armas y otro de 1.00 dólar o 2.00 dólares en la compra y venta de balas.

“Además, podría considerarse un sello de   5.00 dólares en las rebajas de fianza, e igual, en las declaratorias de herederos y en las órdenes de protecciones.  Esto, para las personas que no sean indigentes”, dijo.

Mientras, la subsecretaria de Hacienda, Roxana Cruz Rivera, sostuvo que la implantación de la medida no afecta los recaudos del Fondo General. No obstante, la agencia deberá presentar a petición de la Presidenta de la Comisión, con cuántos recursos ha contado el Fondo por los pasados 10 años, y lo que se le ha desembolsado anualmente a los abogados Pro-Bono.

Al concluir la presentación de las ponencias, la Presidenta de la Comisión consignó que acogerá varias recomendaciones y adelantó que pronto se presentará el informe positivo que acompañará el proyecto para su consideración.

“El Gobernador ve con buenos ojos la legislación. A él le interesa mucho que los sectores más vulnerables de la sociedad estén protegidos y que tengan una defensa adecuada. Este proyecto cumple con ese objetivo”, manifestó Charbonier Laureano.