SAN JUAN – El Departamento de Justicia, quien depuso el martes ante la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, aseguraron que las compañías de celulares no tienen el deber de monitorear a sus usuarios para detectar contenido delictivo usado en sus servicios.

“Las compañías no tienen el deber de monitorear sus sistemas para verificar conducta delictiva al reconocer que pudiese existir una violación a la privacidad de los ciudadanos, y por lo oneroso que sería imponer esta carga a los proveedores”, indica la ponencia.

Mediante ponencia, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, representada por la licenciada Elba Cruz y el fiscal Rafael Sosa, de la División de Crímenes Cibernéticos, señalaron el martes, que existen leyes federales que atienden la problemática de crímenes contra menores y herramientas para monitorear la conducta delictiva de pornografía infantil.

Entre sus recomendaciones, figuran incluir la agresión sexual, actos lascivos y otros delitos sexuales y de explotación infantil en el texto de la medida donde se enumeran los delitos que no prescriben, y excluir a los proveedores de servicio de Internet del Artículo 153 propuesto, que le impondría responsabilidad criminal a quien descubra material pornográfico y no lo informe de manera inmediata, manteniendo este mandato sólo para programadores y técnicos de computadoras.

Las expresiones se dieron durante las vistas públicas para evaluar el Proyecto de la Cámara 398, medida que busca enmendar el Código Penal de Puerto Rico.

Esto, con el fin de que se aumente la edad de la víctima de 18 a 21 años para utilizarse como fecha a partir de la cual se computa el término prescriptivo del delito, añadir el deber de los programadores, técnicos y proveedores de servicios de Internet en reportar a la Policía cualquier material pornográfico infantil hallado en computadoras en las que se realicen labores, entre otros objetivos.

Mientras, la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, representada por los licenciados Luis Zambrana, Yajaira Colón y Ana María Strubbe, indicó que “el ordenamiento jurídico vigente provee las salvaguardas necesarias para atender la intención legislativa plasmada en el proyecto”.

Por su parte, la presidenta designada de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR), licenciada Sandra Torres López, quien fue representada por la licenciada Alexandra Fernández, avaló la medida por “estar a tono con la política pública de la presente administración de erradicar toda forma de trata humana, siendo la explotación sexual de menores una de sus modalidades más dañinas”.

La presidenta de la Comisión subrayó que “la intención es prevenir que nuestros niños sean explotados (…) y añadió que la medida fue radicada con la intención de “tratar de alcanzar un balance y lograr que no se nos quede nada a nivel estatal en este tipo de situación”.