(Foto/Abey Charrón)

Redacción Presencia
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LOÍZA – La semana pasada, la organización Amigos del Mar, en conjunto con residentes y otros movimientos ambientalistas lograron paralizar la destrucción de una zona virgen en Piñones, en Loíza. Sin ningún permiso y con maquinaria pesada, se impactó todo un ecosistema frente a la planta regional de tratamiento de aguas usadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la carretera #187.

La zona afectada fue de aproximadamente 10 cuerdas de terreno. “Se encontró grandes cantidades de dunas impactadas. Se removió gran cantidad de vegetación costera e incluso se encontró al menos una boa puertorriqueña aplastada por la maquinaria”, escribieron en la cuenta oficial de Facebook de Amigos del Mar.

Según la líder comunitaria y residente de Piñones, Maricruz Rivera Clemente, también se impactaron uvas de playa, palos de lija, árboles de majagüilla, que son una especie de árboles de zona marítimo terrestre, y otras especies nativas. Asimismo, alertó que este tipo de acciones lo que incentiva son las inundaciones comunitarias, ya que esos terrenos tenían dunas de arena que sirven de frontera para evitar que el mar tenga acceso a las comunidades.

“Cuando vi el miércoles (7 de abril) ese desastre que habían hecho con nuestras dunas de arena lo que yo vi fue la muerte de cientos de loiceños, porque lo que hicieron con ese proyecto fue abrirle las puertas al mar para tener fácil acceso hacia las comunidades. Así pasó para el 1960 cuando el gobierno utilizó de esas arenas para realizar construcciones en el aeropuerto y demás que dejaron a Piñones descubierto y cuando comenzaron las altas marejadas se inundó todo Loíza, porque nosotros estamos rodeados de agua por todos lados y estamos por debajo del nivel del mar”, describió la también presidenta de la Corporación Piñones Se Integra (COPI

¿Quiénes son los responsables?

La finca, donde ocurrió la tala masiva, es supuestamente propiedad de Luis Alberto Rubí, quien en el pasado propuso el proyecto turístico Dos Mares Resort en terrenos de la hoy Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste.

Sin embargo, en el área había un cartel con aparente información sobre permisos. En este se destaca que el trámite es de “limpieza de finca y camino de acceso” y  se menciona como dueños a Vaciatalega Village, SE y a Mark Greene Schotland. El proyecto se llevaría a cabo en el barrio Torrecilla, kilómetro 8.9, pero, según Rivera Clemente, ese kilómetro está erróneo. Incluso, cuando el personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegó al lugar aseguró que el proyecto no contaba con ningún tipo de permiso.

Según un documento de la Oficina de Gerencia de Persmisos (OGPe), en el 2018 se radicó una solicitud de permiso “para extraer materiales de la corteza terrestre”.

“Conforme a los conclusiones de derecho antes mencionadas resolvemos denegar la solicitud de permiso simple para extracción de materiales de la corteza terrestre número 2018-217333-PCT-002359, a nombre de Vacía Talega Village, para extraer materiales de la corteza terrestre y en virtud de esta denegatoria, no se expedirá el permiso de extracción solicitado”, se resume en la parte final de la resolución.

La oficina de prensa del DRNA informó que la unidad marítima del Cuerpo de Vigilantes apunta a varias violaciones a la Ley 132 de Corteza Terrestre y a la Ley 133 de Bosques de Puerto Rico, así como a la Ley de Vida Silvestre (Ley 241). También, se verifica si la maquinaria pesada que allí se utilizó impactó nidos de tinglares.

Se explicó que las multas y citaciones fueron hechas en contra del operador de la maquinaria que allí incurrió en daños y se espera que la División Legal del DRNA cite a más gente, según continúe la investigación.

El DRNA advirtió que los responsables se exponen a multas de entre $25,000 y $50,000.

Por otro lado, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, aclaró que no se ha endosado ningún proyecto en esa área por parte de su administración municipal.

“Nuestra política pública establece y sostenemos que creemos en el desarrollo turísticos y económico de Loíza, pero solo endosamos proyectos resilientes y ecológicos”, sostuvo la ejecutiva municipal a la vez que clarificó que el municipio no emite permisos de construcción.

“A todo inversionista que llega al municipio en busca de endosos, se les explica nuestra política. Además, es nuestra política incluir a ambientalistas en la discusión de proyectos”, puntualizó Nazario Fuentes.