SAN JUAN – Un informe de la Contralora de Puerto Rico revela serias desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, así como de normas de sana administración y de control interno en las operaciones relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos del DRNA. La Contraloría se abstiene de emitir una opinión por carecer de información competente, suficiente y relevante sobre estas operaciones.
La auditoría desvela que por más de 10 años el DRNA no validó, corroboró, ni analizó los informes anuales, de gastos y transacciones presentadas en los estados bancarios por la corporación que coadministra el Bosque Estatal del Pueblo de Adjuntas, antes de realizar los desembolsos de $160,000 anuales. Al 6 de mayo de 2015 se había desembolsado $1.6 millones, tras un acuerdo de 15 años entre el DRNA y dicha corporación formalizado el 3 de marzo de 2004. La información provista por la corporación era una general e impidió determinar si los gastos incurridos estaban relacionados con las actividades y funciones establecidas en el Acuerdo 2004-000632. Estas situaciones son contrarias a la Ley 230 de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
De hecho, en el Comentario Especial se indica que un informe de la Oficina de Auditoría Interna del DRNA en el 2010, había cuestionado el uso de fondos públicos de $127,660 del 2007 al 2010 a la mencionada corporación. Dicho Informe recomendó entonces que el DRNA realizara una supervisión más efectiva y estableciera controles más adecuados.
El Informe señala también que el DRNA subcontrató cuatro compañías sin obtener la autorización escrita del Departamento de Educación (DE), para cumplir con lo estipulado en dos convenios sobre proyectos ambientales para maestros y estudiantes. Para los proyectos Plataforma Verde Educa y Plataforma Verde Educa Fase II formalizados el 10 de febrero de 2011 por $1.7 millones y el 7 de marzo de 2012 por $2.3 millones respectivamente, el DE seleccionó al DRNA porque entendía que este departamento contaba con la preparación, capacidad, experiencia y recursos para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades que asumió en los convenios. La subcontratación por parte del DRNA es contraria al propio convenio que indica que los servicios contratados no pueden ser transferidos o cedidos a otra persona, ya sea natural o jurídica, sin previa autorización escrita del DE.
La auditoría de 10 hallazgos señala que el DRNA realizó pagos por servicios que no formaban parte de contratos, realizó un desembolso a un contratista con un contrato incorrecto e incumplió con disposiciones sobre el reclutamiento de empleados cesanteados por la Ley 7-2009. Además, sin contar con las autorizaciones escritas por el DRNA, varios contratistas subcontrataron servicios, la supervisión de varios proyectos se delegó a otros contratistas, y el DRNA no suministró documentos justificantes de los servicios prestados.
El Informe de auditoría cubre del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.