Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El gobernador, Alejandro García Padilla, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1841 de la autoría del vicepresidente y representante por Carolina y Trujillo Alto, Roberto Rivera Ruiz de Porras.
Esta ley permite al consumidor seleccionar el proveedor de servicios del seguro compulsorio de su preferencia dentro de las colecturías del Departamento de Hacienda, bancos, cooperativas y centros de ventas de marbetes mediante un formulario de libre selección.
Previo a la firma de esta ley, el consumidor que compraba su marbete en los centros autorizados de la venta de estos, el seguro obligatorio que automáticamente se adquiere es el de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) por lo que el consumidor no tiene libre selección para escoger la aseguradora que desea.
Con la nueva ley se crea un formulario de libre selección que permite al consumidor escoger la aseguradora de su predilección. A esos efectos, se “viabiliza una competencia justa en el mercado del seguro obligatorio entre todas las aseguradoras que proveen estos servicios en la Isla y además el consumidor podrá obtener mejores servicios y beneficios de estas. Por lo que agradezco al Gobernador la atención que le impartió a este asunto”, puntualizó el representante Rivera Ruiz de Porras.
La medida, convertida ahora en ley, recibió el endoso de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, la Asociación de Detallistas de Gasolina, el Centro unido de Detallistas, entre otras empresas, quienes estudiaron y evaluaron el proyecto.
“Es una iniciativa para establecer condiciones equitativas dentro de esa industria y fortalecer a los pequeños y medianos comerciantes, acorde con la gestión legislativa Fuerza PYMES del Presidente de la Cámara de Representante, Jaime Perelló Borrás y nuestra Asamblea Legislativa, con la intención de fomentar el crecimiento y la recuperación económica de Puerto Rico”, expresó el Vicepresidente Cameral.
Con la firma de esta ley, se promueve la libre y justa competencia que debe prevalecer en el mercado entre las compañías aseguradoras. Todo esto se logra al redistribuir la prima que está contemplada en la Ley de Responsabilidad Obligatoria para Vehículos de Motor, con el beneficio de una remuneración justa para todas las partes envueltas.