Héctor J. Álvarez Colón
hector.alvarez@box2170.temp.domains

TRUJILLO ALTO – No es sorpresa para nadie que todos los municipios de Puerto Rico tienen que hacer ajustes en sus presupuestos, puesto que la crisis fiscal en el gobierno está en su apogeo.

En Trujillo Alto, el alcalde de ese municipio, José L. Cruz, tuvo que realizar unos recortes de jornada laboral y de otros beneficios que recibían los empleados municipales. En entrevista exclusiva para Presencia, Cruz destacó que desde el 2012 había comenzado un proceso de disminución en su presupuesto.

“Esto se veía venir, esta crisis no es de un día para otro. Gracias a Dios hicimos unos ajustes que logramos terminar con un superávit el año pasado. Este año, lo que no esperábamos era que fuera tan duro el impacto económico de casi $6 millones que tenemos que disminuir en gastos para el presupuesto 2017-2018: $3.2 millones de la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI); $2.6 millones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y $1.2 millones del Sistema de Retiro. Esto nos lleva a una posición de tomar unos ajustes drásticos para el empleado municipal, sin afectar los servicios básicos: seguridad, saneamiento, salud y envejecientes”, explicó el alcalde.

Como parte de los ajustes en Trujillo Alto, se eliminó el bono de verano, bono de Navidad, exceso de enfermedad, ‘car allowance’, celulares, entre otras medidas que redundan en una economía de alrededor de $3 millones.

“De esta manera, pudimos dejar a los empleados permanentes con las mismas horas de trabajo y los transitorios les bajamos una hora, pero se quedan trabajando”, aseguró Cruz.

No obstante, a pesar de la crisis económica, el acalde aclara que “una cosa son los fondos operacionales y otra son los fondos de proyectos”. “El año pasado firmamos un contrato a través de United States Department of Agriculture Rural Development para asfaltar proyectos de infraestructura por más de $6 millones. Estamos asfaltando todos los barrios del municipio. Pronto viene el transporte colectivo (TRANSTA) con $1.6 millones del gobierno federal que nos aprobaron. Con ese dinero se arreglará el terminal de carros públicos y se compraran 20 guaguas”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, también aceptó que enfrenta un duro golpe fiscal en su municipio, sin embargo, asegura que “no descansará hasta ver un mejor Ceiba”.

“Nosotros los municipios tenemos un problema más grande, porque ellos (gobierno estatal) nos están quitando (dinero) a nosotros para resolver sus problemas. Cómo es posible que el gobernador diga que no va a botar los empleados y nos está obligando a los municipios a una Ley 7. Quienes mantienen el gobierno estatal somos nosotros los municipios”, dijo el primer ejecutivo municipal ceibeño.

“Yo no quiero botar a nadie. Yo tengo un listado que me surgieren despedir sobre 40 personas. Créeme que para mí se hace difícil despedir a un padre de familia en esta situación. Lo que vamos a hacer es recortar parte de la jornada laboral de los que son permanentes para tratar de minimizar lo que será despedir gente y los que se queden fuera los vamos a ir removiendo con la Ley #52”, explicó Cruz Ramos.

“Asimismo, tenemos ya legislado el cobro por el recogido de basura en el municipio. Ahora estamos buscando alternativas de cómo realizar el cobro. Serán $8 mensuales, $2 por semana”, agregó.

Por otro lado, en el municipio de Loíza, la alcaldesa Julia Nazario Fuentes presentó ante la legislatura municipal el presupuesto para el nuevo año fiscal 2017-2018. El mismo totaliza $9,976,514.

“Este presupuesto es $583,383 menor que el presupuesto vigente de $10,559,897. A pesar de la reducción de $1,342,637 en la remesa del CRIM, presentamos un presupuesto balanceado, con énfasis de servicios a nuestra gente”, explicó la alcaldesa en el parque histórico Cueva María de la Cruz.

Tan pronto juramentó como alcaldesa, el pasado mes de enero, Nazario dispuso la eliminación de 34 celulares asignados a personal municipal, así como y otros equipos electrónicos de uso personal. Esto logró un ahorro de $4,000 mensuales, que se utilizaron en parte para pagar un estipendio a los porteadores públicos loiceños con la creación del Sistema Integrado de Transporte Urbano Loiceño (SITUL).

“Además, decretamos una reducción en nómina de confianza de $20,000 mensuales, en contratos y asesores por $14,600 mensuales y una reducción en el pago por desperdicios sólidos, en $68,000 mensuales. Ahora alquilamos los camiones y nuestros empleados hacen el trabajo”, abundó la alcaldesa en su mensaje.