SAN JUAN – Funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y el Poder Judicial firmaron el martes dos acuerdos de colaboración para agilizar los procesos de manejo de las órdenes de protección en casos de violencia de género.

“Estos son los primeros acuerdos entre estas dos ramas de gobierno para apoyar esta lucha, y fortalecen el protocolo intergubernamental para coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de personas sobrevivientes de violencia de género en situaciones de violencia doméstica que firmamos en el 2022. Lo firmó la jueza presidenta y este servidor. Ahora estamos dando un paso más, vamos un paso más. El primero, el primer acuerdo que se está firmando hoy, es para uniformar y desarrollar un proceso consistente en el manejo de las órdenes de protección. Y el segundo, viabiliza la interoperabilidad de los sistemas electrónicos para que estén disponibles a los agentes de ley y orden inmediatamente que se expidan las órdenes de protección”, dijo el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“No hay soluciones mágicas. Al igual que la mayoría de los problemas sociales que nos aquejan, la violencia de género es en extremo compleja y por ello requiere una mirada y atención integral y multidisciplinaria que busque unir los esfuerzos de los sectores públicos y privados para elaborar planes de trabajos prácticos que atiendan las necesidades de prevención, erradicación de los factores que contribuyen a la violencia y la reparación cuando se ha concretado ese daño. No nos engañemos, la respuesta gubernamental y social tiene que ser contundente y multisectorial y las soluciones nos involucran a todos y a todas”, estableció por su parte la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

Los acuerdos establecen que el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), recibirá digitalmente de los tribunales las órdenes de protección expedidas para registrarlas y notificarlas a los centros de mando de las áreas policiacas y encauzar así su diligenciamiento cuando corresponda. Los acuerdos permitirán que el proceso se agilice al ver los documentos en tiempo real. La información la manejaran los funcionarios de ley y orden a través de la aplicación COPOP Móvil.

“De esa forma, estas personas autorizadas, es decir, oficiales de ley y orden, pueden ver de forma remota y completamente electrónica datos importantes de la parte peticionada, como los índices de peligrosidad, el historial criminal, tenencia de armas de fuego, órdenes de arresto pendientes, fotos y datos de contacto así como la copia de la orden de protección. El COPOP móvil permite registrar desde el campo de operación y en tiempo real toda gestión de diligenciamiento, lo que incluye la geolocalización del lugar en donde se diligenció la orden de protección. Otra vez lo voy a decir como en arroz y habichuela. Es importante que los oficiales de ley y orden, sean agentes de la Policía Estatal, sean policías municipales, tengan inmediatamente, en tiempo real, acceso utilizando una tableta del perfil de la persona a ser diligenciada, a recibir el diligenciamiento de esta orden. Porque obviamente puede ser una persona peligrosa, puede ser una persona que ya tiene un historial de casos de Ley 54, puede ser una persona que tiene otro tipo de delito, que puede ser un delito que conlleve violencia, es importante que esté al tanto ese oficial de ley y orden. Y nuevamente, si tenemos la informa

ción de la parte peticionaria, pues con más razón entonces, que es la que pide la orden, también le alertamos y le decimos, ya se está diligenciando para tomar las medidas que sean necesarias para su protección”, sostuvo el gobernador.

“Esta plataforma digital permite que las órdenes de protección se registren inmediatamente en la Unidad de Violencia de Género del Cuartel General de la Policía y así facilitar la coordinación para un diligenciamiento positivo a la orden. Permitirá además que los y las agentes del orden público u otros funcionarios autorizados tengan acceso a los datos pertinentes de la parte contra quien se expide la orden, como mencionó el Gobernador, tales como publicidad, fotos oficiales de gobierno, dirección residencial, copia de la orden de protección, si posee licencias de arma de fuego y la cantidad de armas legales que tenga bajo su posesión. De manera que desde sus dispositivos electrónicos el funcionariado del orden público podrá activar oportunamente la suspensión de licencias de armas y la ocupación de estas como medidas de seguridad, así como diseñar planes de trabajos particularizados en el ejercicio de su ministerio para su seguridad y el de las víctimas. Asimismo, debido a que esta herramienta tecnológica nos permite ver el estatus del proceso en tiempo real, viabiliza una comunicación más efectiva sobre la notificación del diligenciamiento de la parte protegida. De igual forma nos permite tomar las medidas pertinentes en los casos en donde no se haya logrado emplazar a la parte peticionada. Como parte de este esfuerzo, el negociado de la Policía implementará un programa de patrullaje preventivo en beneficio de todas las víctimas de violencia de género que cuenten con una orden de protección a su favor y que autoricen recibir dicho servicio. A su vez, la Policía Estatal podrá establecer acuerdos y planes de trabajo con la Policía Municipal para incrementar la capacidad de atender las necesidades de protección de las víctimas de violencia”, añadió la jueza presidenta.