WASHINGTON, DC – El gobernador Alejandro García Padilla expuso el martes, el cuadro económico y jurídico en el que se encuentra Puerto Rico, tras las condiciones fiscales desencadenadas durante décadas de políticas públicas irresponsables, tanto a nivel local como federal.
Asimismo, el primer mandatario señaló los retos que el país debe ahora afrontar junto al gobierno de Estados Unidos, con el fin de garantizar que se complete eficazmente la recuperación económica que su equipo de trabajo dejó encaminada y que se respeten los derechos a la auto-gobernanza del pueblo puertorriqueño.
“Por décadas, los puertorriqueños hemos favorecido la distribución de poderes con el gobierno federal y alcanzado un nivel socioeconómico inigualado por nuestros vecinos del Caribe y Centroamérica. Hoy, el país se encamina hacia una reestructuración de su deuda para resolver la crisis económica y fiscal. Nuestro futuro depende del resultado de un proceso de bancarrota aún no aprobado por una Junta de Supervisión Federal que cambió esa concepción de distribución de poderes legalmente aceptada. El país se enfrenta a retos importantes que afectan su economía y sus derechos democráticos. Tanto Estados Unidos como la comunidad internacional tienen la responsabilidad de atender estos asuntos”, aseguró el mandatario en declaraciones escritas.
Tras describir el decadente cuadro económico que ha experimentado la isla por casi una década, que incluye una deuda pública cercana a los $70,000 millones, García Padilla subrayó la importancia de las decisiones que tomó para enfrentar la crisis, aun cuando las condiciones establecidas por el gobierno federal han interferido con los derechos democráticos reconocidos por la Constitución de Puerto Rico. Además, el gobernador fue enfático en que el país no cuenta con la capacidad para pagar la deuda incurrida por previas administraciones y sus acreedores, por lo que la misma debe ser reestructurada, al tiempo que se continúan las medidas responsables tomadas por su administración y se evita más austeridad. El llamado del primer ejecutivo fue contundente al enfatizar la prontitud con la que debe ser atendido este asunto de la deuda, tomando en cuenta que el 15 de febrero de 2017 expira la suspensión en los litigios obtenida a través de PROMESA, lo que expondría al país a un déficit de más de 3,000 millones de dólares y obligaría al gobierno a un cierre de operaciones.
“No hay excusa para forzar a Puerto Rico a una depresión económica. Hace dos meses presenté ante la Junta de Supervisión Fiscal un plan fiscal comprensivo preparado por un grupo de reconocidos expertos y economistas. El plan establece una visión de futuro e incluye recomendaciones para eliminar el déficit y alcanzar el acceso a los mercados financieros, mientras se protegen los empleos y las pensiones en el sector público, así como las inversiones significativas realizadas anualmente por los puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico. La aprobación de este plan, junto a la reestructuración de la deuda, permitiría que Puerto Rico obtenga protección bajo un procedimiento ordenado de quiebra a través del Título III de PROMESA. Ahora bien, el país no puede continuar buscando préstamos a corto plazo a costos cada vez mayores o tomar medidas de austeridad. Optar por este camino sería insostenible, dañaría nuestra economía, reduciría los ingresos y disminuiría nuestra capacidad para pagar la deuda. Si la nueva administración decide optar por un patrón de austeridad, Puerto Rico pronto caerá en un espiral descendente”, detalló el gobernador.
A tono con lo anterior, el mandatario subrayó la responsabilidad del gobierno federal en la recuperación económica de Puerto Rico, describiendo las acciones tomadas unilateralmente por Estados Unidos que han atentado contra el desarrollo económico del país y su derecho democrático a la auto-gobernanza. Dentro de estas acciones, García Padilla señaló la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas, que le puso fin a todas las ventajas competitivas considerables para las empresas que hacían negocios en Puerto Rico, forzándolas a prescindir de decenas de miles de empleos en el país y la exclusión de la isla de la protección del Código de Bancarrota de Estados Unidos sin ninguna discusión o récrod legislativo.
No obstante, mientras el gobierno local y federal buscaban soluciones para que Puerto Rico superara la crisis, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció, a través de la decisión del caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, la importancia del proceso de autodeterminación llevado a cabo por los puertorriqueños en la década del 50. Según el gobernador, esa realidad política cambió.
“Puerto Rico se encuentra ante una encrucijada. Aún en medio de nuestra necesidad de reestructuración de la deuda, debemos defender el progreso significativo y el nivel de soberanía para gobernar sobre los asuntos locales hasta ahora alcanzado. Con la ley PROMESA, Estados Unidos ha retrocedido en su posición sobre el reconocimiento democrático al pueblo puertorriqueño, por lo que debe responder por su nueva postura ante la comunidad internacional. Nuestra ruta hacia la recuperación requiere que nos asociemos en el proceso con el gobierno federal, a quien le exigimos trato igualitario bajo los programas de Medicare y Medicaid, la derogación del la ley Jones y las ventajas competitivas que perdimos como consecuencia de la decisión desacertada tomada por el Congreso al eliminar la Sección 936. Necesitamos continuar proveyéndole los servicios esenciales a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que viven en la isla y estimular la economía, poniendo en vigor las herramientas que nos provee PROMESA para reestructurar la deuda. Alcanzar una solución política para estos retos exige un nivel de participación y activismo sin paralelos de los 5 millones de puertorriqueños que viven tanto en la isla, como en Estados Unidos. Este deber ser el comienzo de un desarrollo democrático y económico duradero y sostenible para los puertorriqueños”, concluyó García Padilla.
La participación del mandatario en este foro estuvo seguida por la intervención de panelistas expertos que profundizaron sobre asuntos trascendentales en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos que definen su situación económica actual. El reconocido abogado litigante Christopher Landau expuso sobre el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle mientras que el licenciado Carlos Baralt, asesor legal del gobernador, discutió el rol de la ley PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y la importancia de la reestructuración de la deuda. Por su parte, el profesor y experto en relaciones exteriores de Estados Unidos, David Rezvani, depuso sobre la soberanía puertorriqueña y las relaciones de Puerto Rico con el gobierno federal. Asimismo, Arnold H. Leibowitz, autor de múltiples escritos sobre las relaciones territoriales de Estados Unidos, abordó el tema de las relaciones de la isla con Estados Unidos. Igualmente, Samuel Issacharoff, profesor de Derecho cuya labor académica se centra en el derecho constitucional, los derechos de voto y el procedimiento civil, conversó sobre la Constitución y el auto-gobierno de Puerto Rico. Por su parte, Juan Lara, economista y profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, discutió la situación de la economía puertorriqueña.