SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó el domingo el Proyecto de la Cámara 1076 que extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 los incentivos para la compra de vivienda incluidos en la Ley 216-2011.

“Esta medida es vital en momentos de grandes retos económicos y la pérdida de hogares ante los eventos atmosféricos que enfrentamos en 2017. El mercado hipotecario y de construcción de vivienda necesita este incentivo y nuestros ciudadanos necesitan esta ayuda para la compra de su nuevo hogar”, señaló el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Explicó que la ley firmada permite la exención contributiva hacia las ganancias de viviendas elegibles, el arrastre de pérdida de capital, la exención por cinco años del pago de CRIM de viviendas cualificadas y la exención en el pago de sellos, derechos, comprobantes y aranceles al momento del cierre de la compra de la propiedad. Las partes solo tendrán que pagar el impuesto notarial y los sellos de la Sociedad para la Asistencia Legal, según reza la medida.

Los incentivos de la Ley 216-2011 que con la firma de esta medida –de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez– se extiende hasta el año 2020 aplican a toda vivienda elegible de nueva construcción que cumpla con los requisitos del estatuto.

“Esta medida está en sintonía con nuestra política pública de ayudar a los más vulnerables en momentos de emergencia y recuperación del peor desastre sufrido en la historia de los Estados Unidos, según ha expresado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA por sus siglas en inglés”, concluyó Rosselló Nevares.

Del mismo modo, Rosselló Nevares, firmó siete proyectos de ley dirigidos a mejorar la experiencia educativa de los niños y jóvenes.

El Proyecto de la Cámara 260, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, dispone la integración al currículo del Departamento de Educación de módulos orientados a la prevención del suicidio en las escuelas.

Además, el primer mandatario firmó los proyectos de la Cámara 460 y 461 del representante Rafael “June” Rivera Ortega.

El primero, ordena el establecimiento de programas de educación escolar y vocacional dirigida a los confinados en las instituciones penales del Departamento de Corrección y Rehabilitación para promover que se hagan acuerdos o alianzas con instituciones de enseñanza privadas o públicas.

Además, el segundo proyecto actualiza la Ley Especial de Cooperativas Juveniles para atemperar sus disposiciones eliminando la derogada Oficina de Asuntos de la Juventud y sustituyéndola por el Programa de Desarrollo de la Juventud del DDEC.

El Proyecto de la Cámara 863, también del representante Rodríguez Aguiló, incluye en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado a la Universidad de Puerto Rico (UPR) dentro de los límites a pagar por la cuantía de daños y perjuicios por actos cometidos por sus funcionarios, empleados y agentes con capacidad pública en el cumplimiento de sus labores; y por los actos negligentes surgidos dentro de todos sus recintos, instalaciones y facilidades pertenecientes, arrendados o utilizados por dicha institución.

Rosselló Nevares señaló que esta medida fue solicitada por la Administración de la UPR como una medida para atender su crisis fiscal.

De igual forma, el Proyecto del Senado 70, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dispone un programa de comunicación y relación entre estudiantes y personalidades puertorriqueñas.

El Proyecto del Senado 313, de la autoría del senador Carmelo Ríos, establece en el currículo de educación cursos sobre el manejo de las finanzas en coordinación con el Instituto de Educación Financiera para ofrecer preparación personal y empresarial a nuestros niños del sistema de educación pública.