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SAN JUAN – El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, resumió el miércoles las dificultades que existen actualmente para cancelar el contrato de transmisión y distribución de energía a LUMA Energy.

“Las métricas asociadas a la compensación adicional no han sido definidas aún y actualmente están bajo evaluación en un proceso adjudicativo o cuasi judicial ante el Negociado de Energía. LUMA está operando bajo los términos del contrato suplementario, por lo que no está sujeta aún a las métricas de desempeño del Negociado de Energía. Por tanto, el incumplimiento de métricas es un elemento que nos llevaría a un litigio para validar la cancelación del contrato”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)  como dueño del sistema y del contrato de LUMA, está bajo la jurisdicción del Tribunal de Quiebras bajo el Título 3 de la Ley PROMESA. Por tanto, cualquier pleito o acción judicial sobre la terminación del contrato de LUMA, se atendería por la jueza (Laura Taylor) Swain”, añadió.

Finalmente, destacó el rol de la Junta de Control Fiscal en la terminación del contrato.

“La Junta Fiscal son parte indispensable en cualquier acción judicial relacionada a la posible terminación del contrato de LUMA. La Junta tiene que decir si está conforme con las disposiciones del contrato y con el desempeño de LUMA”, sostuvo.

Por estas razones, el presidente del Senado le recomendó al gobierno que se prepare para una transición “se cancele o no se cancele el contrato”.

“Presentando una Resolución Conjunta del Senado que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) a que presenten un plan de trabajo ante la cancelación del contrato a LUMA, sea por incumplimiento o por la fecha del contrato suplementario que como se ha dicho públicamente, vence el 30 de noviembre. También presentamos una Resolución Conjunta del Senado que ordena a Negociado de Energía a presentar las métricas que se exigirán al operador del sistema eléctrico 20 días para cumplir con ambas Resoluciones Conjuntas”, expresó.

Aunque no quiso ofrecer una alternativa de transición concreta, Dalmau Santiago mencionó que su preferencia es enmendar la ley 120, de manera que se pueda permitir el regreso al modelo anterior donde la Autoridad de Energía Eléctrica manejaba la totalidad del sistema eléctrico, bajo nuevos parámetros de ley.