Por: Gustavo Vélez, economista y asesor financiero

Cuando los historiadores en el 2050 analicen a Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo 21, destacarán que sin lugar a dudas fue la era de la crisis y de los impuestos. El país parece haber entrado de espalda al siglo 21, con un modelo económico agotado, a enfrentar una nueva realidad geopolítica y un nuevo orden económico internacional.

Desde el 1975 el modelo de industrialización por invitación ya daba síntomas claros de inefectividad, pero el golpe final, vino en el 1996 con el fin de la Sección 936, y el comienzo de la des-industrialización. Tenemos tanta mala suerte, que la miopía político-gubernamental de los gobiernos rojos y azules, impidió hacer los ajustes a la nueva realidad y diseñar un nuevo programa de desarrollo económico.

A pesar de que la base contributiva comenzó a reducirse, según se agudizaba la contracción económica, el gobierno sigo gastando más allá de la capacidad de generar nuevos ingresos. Mientras el gasto del gobierno central se mantenía en $10,000 millones anuales, los ingresos caían por debajo de los $9,000 millones, y ahí comenzaron los famosos déficits estructurales.

El IVU y la crisis del 2006

Guardo en mi mente, como si hubiera sido ayer, cada detalle de los eventos que llevaron al cierre del gobierno en mayo 1 del 2006. La incapacidad de llegar a acuerdos durante el gobierno compartido del 2005 – 2008, crearon el terreno fértil para un tranque fiscal y económico sin precedentes en la historia moderna de Puerto Rico. En medio de la crisis generada por el cierre gubernamental, se acordó aprobar un impuesto al consumo de 7%. A este impuesto, a algún publicista creativo se le ocurrió llamarle, Impuesto de Venta y Uso. Casi una década después, el IVU es una especie de hijo huérfano de la crisis del 2006, y ningún gobierno posterior se ha encargado de llevarlo a su máximo potencial de recaudos.

Desde su implementación a finales del 2006 a julio de 2014, los ingresos del IVU excluyendo lo que ha ido a COFINA para pagar la deuda de los bonos que llevan ese mismo nombre, ascienden a $5,035 millones. COFINA que se supone fuera para financiar la deuda extra-constitucional, cercana a $7,000 millones, ha sido desvirtuada y se ha elevado su deuda a $15,223 millones. Actualmente $654 millones del ingreso del IVU van para pagar el servicio de los bonos COFINA.

El Impuesto a las corporaciones foráneas

A finales del 2010, el gobierno anterior decidió imponer un arbitrio especial a las llamadas corporaciones foráneas, con el fin de financiar la reforma contributiva de la Administración Fortuño. Aunque algunos sectores han favorecido que estas corporaciones incrementen su aportación al fisco, la forma como se implementó la Ley 154, que dio paso a un arbitrio de 4% a ciertas transacciones, creó cierto malestar. Los altos ejecutivos de estas corporaciones interpretaron esta medida como un cambio de “reglas de juego” sin previo aviso y esto ha levantado dudas hacia el clima de inversión en la isla.

Pese a las críticas, la gran mayoría de las corporaciones han logrado reclamar un crédito en el Departamento del Tesoro Federal, por lo que pagan al ELA. Sin embargo, esta medida impositiva permitió financiar los alivios contributivos de cerca de $1,000 millones anuales y reducir la tasa contributiva a las corporaciones regulares. Desde su implementación en enero de 2011 hasta julio de 2014, la Ley 154 ha generado $5,686 millones al fisco.

La patente nacional y “la crudita”

Con el cambio de gobierno en el 2013, también llegó un cambio en la estrategia económica y fiscal. La nueva administración cambio de enfoque y entendió que aumentar el gasto y los impuestos era la ruta para salir de la crisis. Con esta nueva filosofía, se aumentó el gasto a $9,800 millones y se aprobó la Ley 40 de 2013, para generar $1,200 millones (incluyendo $500 millones por concepto de la patente nacional).

También llegó un aumento en el impuesto de los derivados del petróleo de $3 a $9.25 por barril y hace varios meses, se legisló otro aumento que la elevaría de $9.25 a $15.50 por barril. A partir de aquí todos sabemos la historia, tres rondas de degradaciones crediticias, todos los indicadores económicos van en caída y un grave problema de liquidez en el Departamento de Hacienda. Del 2006 al 2014, le hemos dado al gobierno $11,921 millones por concepto de los nuevos impuestos, y la chequera del gobierno no cuadra. Claramente el problema no es de ingresos, es de exceso de gastos, de ineficiencia gubernamental y de una economía estancada.

La salida a la crisis no puede ser más impuestos que empobrecen al país, sino de estimular la producción, promover la creación de riqueza y de nuevos empleos.