Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Un informe de auditoría divulgado hoy por la contralor Yesmín Valdivieso, revela deficiencias relacionadas con las cuentas de ahorro de menores e incapacitados administradas por la Región Judicial de San Juan, conocidos como Fondos Consignados de Menores o Incapacitados bajo la Custodia de los Secretarios del Tribunal de Primera Instancia.
Según el informe, las situaciones comentadas ocasionaron que en el Tribunal no tuvieran conocimiento de todas las cuentas de inversión autorizadas, ni de los intereses generados, y no pudieran identificar aquellas cuentas que resultaran en pérdidas, si alguna, para que velaran por los mejores intereses de los menores e incapacitados. Además, pueden propiciar el ambiente para la comisión de errores e irregularidades y de surgir, dificulta que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
La auditoría realizada del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2013, indica que la Región Judicial no llevaba un control efectivo de las cuentas de inversiones.
“La Unidad de Cuentas no mantenía registros de contabilidad de las 25 cuentas de inversión. Las aperturas de dichas cuentas fueron autorizadas por orden judicial entre el 23 de agosto de 1996 y 16 de noviembre de 2010”, reza el informe de 26 páginas.
El documento, que tiene fecha del 9 de julio pasado, agrega que “la Secretaria (Regional) no cumplió con notificar a los beneficiarios, por escrito o mediante citación, los balances reflejados a favor de estos para 14 cuentas de inversión por $1.22 millones. Estos menores e incapacitados cumplieron la mayoría de edad entre el 14 de marzo de 2004 y el 15 de enero de 2012 y solicitaron el retiro de fondos por derecho propio o mediante su abogado entre 4 y 2,347 días posteriores a cumplir la mayoría de edad”.
Asimismo, indica que no hay evidencia de que se haya entregado los fondos a dos de los 14 beneficiarios que solicitaron el retiro de fondos el 1 de noviembre de 2010 y el 15 de noviembre de 2012, por $283,335 y $29,516.
Por otro lado, la auditoría señala que la Unidad de Cuentas no cumplió con solicitar a las casas de corretaje que remitieran periódicamente los estados de las cuentas al Tribunal. El informe establece que en el expediente de una de las cuentas de inversión, no existía evidencia de que la casa de corretaje remitiera los estados de cuenta. Además, en las otras 24 cuentas de inversión, identificaron que faltaban entre seis y 133 estados de cuenta. Esta información es necesaria para conciliar las mismas con los registros de contabilidad.
De otra parte, el examen de los auditores señala que el 27 de agosto de 2013, la Región Judicial mantenía 279 cuentas de ahorros por $3.55 millones, cuyos beneficiarios habían cumplido la mayoría de edad entre el 21 de noviembre de 1983 y el 25 de agosto de 2013.
El informe de la auditoría incluye otras deficiencias que están relacionadas al control de los libros de recibos oficiales y de los recibos automatizados así como con la solicitud de saldos inactivos al Departamento de Hacienda.