LOÍZA – martes, 11 de abril de 2023) La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, acogió con beneplácito el anuncio del gobernador Pedro Pierluisi, quien emitió ayer una orden ejecutiva declarando una emergencia en Puerto Rico debido a los efectos de la erosión costera, ante la realidad de que representa una amenaza para la vida, salud y seguridad de los residentes en las zonas costeras.

“El pasado 16 de marzo en Loíza realizamos la primera Cumbre de Erosión Costera, con un reclamo de acción urgente para proteger a las comunidades expuestas a la destrucción de playas y costas, al tiempo que expertos científicos y representantes de agencias presentaron estudios ambientales y explicaciones sobre los procesos para obtención de fondos y poner en marcha proyectos. La acción de hoy del Gobernador merece el respaldo de todos, y mi llamado es a que en el proceso se integren a los municipios en la búsqueda de soluciones”, señaló.

La cumbre loiceña contó con la presencia, entre otras personalidades, de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, agencia que estará encargada ahora de ejecutar la Orden Ejecutiva 2023-009. “Además, participó la embajadora del Reino de Noruega en los Estados Unidos, Anniken Ramberg Krutnes, quien es experta en temas ambientales y de manejo de costas. También hubo representantes de otras agencias estatales y federales, y de La Fortaleza”, señaló la Alcaldesa.

Para la iniciativa se han asignado un total de $105 millones en fondos federales. Pierluisi dijo que “se establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia”. 

Sobre los fondos, Pierluisi especificó que el Comité de Supervisión de Desembolsos separará $5 millones de los saldos disponibles del Plan de Rescate Americano (ARPA) y que el Departamento de la Vivienda asignará $100 millones del Programa de Mitigación, conocido como CDBG-MIT.