SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, confirmó el miércoles que solicitará una vista en alzada contra los cuatro manifestantes a los que el tribunal no les encontró causa para arresto por irrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el pasado 27 de abril.

“El personal de seguridad fue testigo, la presidenta (de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández Hernández) fue testigo, habían declaraciones juradas. Era casos sólidos. Vimos un juicio en una Regla 6 (expedición de orden de arresto) para que tengas idea. Y sí, iremos en alzada”, declaró la Titular a la emisora WKAQ 580.

Los cuatro manifestantes a los que no se les encontró causa fueron Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano e Ileana Marie Ayala Fontánez.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa contra siete de los 11 estudiantes que enfrentaban posibles cargos criminales por formar parte de la situación que se suscitó cuando el grupo de estudiantes supuestamente interrumpió a la fuerza el cónclave universitario que se llevaba a cabo en la Oficina de Presidencia ubicada en el Jardín Botánico, en Río Piedras. 

“Se pasaron los videos en la vista (preeliminar). Fue una pieza de evidencia indispensable. Todo Puerto Rico fue testigo. El significa que se garantizará  el derecho a la libre expresión, pero eso no puede ser salvaguarda para cometer delitos”, declaró.

La magistrada encontró causa para arresto contra Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco Santiago Contrón, Thaliangelly Torres González, Randiel Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Se les impuso una fianza de 6 mil dólares a cada uno. La vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo. De ser encontrados culpable, se exponen a penas de entre seis meses y ocho años.

“Vamos a garantizar el derecho a la libre expresión pero este no puede ser utilizado como salvaguarda para cometer actos criminales y violentar los derechos a los demás. Estos manifestantes  exigieron sus reclamos de forma intimidante y violenta, en total violación a la ley. Públicamente y con sorpresa, Puerto Rico observó cómo impidieron la salida de los miembros de la Junta de Gobierno, creando una cadena humana alrededor de la mesa donde estaban los miembros de la Junta reunidos, intimidándolos y amenazándolos. Les gritaron improperios, palabras soeces y desafiantes, les advirtieron que no iban a salir de allí hasta que no firmaran un documento aprobando sus peticiones. La investigación continuará”, manifestó la Secretaria de Justicia.

Fiscales del Departamento de Justicia radicaron originalmente seis cargos por Artículo 245 por motín, Artículo 195 de escalamiento, Artículo 199 por daño agravado, Artículo 179 por violar el derecho de reunión, Artículo 156 por restricción de libertad agravada, y Artículo 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.