Pedro Roig y Doris González explican los problemas que enfrentaron para visitar a su hijo Carlos, encarcelado en una prisión en Iowa, Estados Unidos. (Foto por Wanda Liz Vega | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo

Pedro Roig y Doris González, del pueblo de Juncos, viajaron por la autopista interestatal 35 Norte de Texas a Iowa, atravesando una tormenta de vientos de más de 60 millas que trajo nieve y provocó tornados por la zona del Medio Oeste de Estados Unidos.

Era un sábado, 5 de marzo de 2022, e iban de camino a visitar a Carlos Roig, su hijo encarcelado, al que no veían hacía cinco años. Primero viajaron desde Puerto Rico y para aprovechar el viaje pararon en Texas, en donde vive otro hijo, para luego ir a ver al que está encarcelado en Iowa.

El plan era alquilar un cuarto en un hotel barato y quedarse una semana para verlo todos los días. Pero, al final, el Departamento de Corrección de Iowa autorizó una visita de dos horas solamente.

Esta es una de las miles de familias puertorriqueñas que viven la misma situación. Un hijo, un padre, un amigo, una hermana o una madre, encarcelados en Estados Unidos. Solamente contando los seis estados con más puertorriqueños, Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, había 5,326 hombres y 148 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales, según datos de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, reveló el Centro de Periodismo Investigativo.

“Nosotros también estamos presos de ellos”, dice Eneida Colón, de Vieques. Con “ellos” se refiere al sistema carcelario. En particular, a la cárcel federal de Florida en donde está encarcelada su pareja.

En septiembre de 2023, su pareja se entregó al FBI por un caso de narcotráfico. Fue sentenciado a nueve años de prisión y de Puerto Rico fue trasladado a la institución Coleman, una cárcel federal de mínima seguridad en Florida.

En diciembre pasado Colón hizo su primer viaje para visitar a su pareja, junto a la madre de él, que tiene 75 años, una hija de cinco y un hijo de 18 que tiene necesidades especiales.

“Nosotros vivimos en Vieques, tenemos que coger un bote, viajar una hora y pico si es el ferry de carga, buscar dónde dormir. Viajar hasta San Juan, viajar en avión”, dijo Colón.

En Orlando, tuvo que gastar alrededor de $500 en un carro alquilado y reservar dos noches en un hotel. Cuando llegó al portón de la cárcel, el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, le dijeron que las visitas habían sido canceladas.

Crisis en el sistema de justicia de Estados Unidos

“Muchísimas familias pasan por las de Caín cuando un hijo termina en la cárcel aquí”, dice Phillip Arroyo, abogado criminalista puertorriqueño con oficina en Florida.

“Hay doble dificultad, número uno la distancia y número dos la barrera del lenguaje. Muchos familiares tratan de seguir lo que está pasando en el caso a través de la página del tribunal, pero todo está en inglés. Obviamente tienen que tener un abogado competente, pero no solamente competente, sino que sea bilingüe”, dice Arroyo, quien ha atendido varios casos de puertorriqueños encarcelados en Florida que tienen a su familia en Puerto Rico.

Arroyo añadió que en la Oficina del Defensor Público de Estados Unidos hay una crisis por la sobrecarga de casos. Y porque pagan muy poco en comparación con el sector privado, lo cual provoca un problema de retención de abogados.

Impotencia familiar por falta de información

Keila Ramos, una asistente escolar de Fajardo, estaba embarazada en el año 2020, en medio de la pandemia. Roberto Rodríguez, su esposo, aceptó una oferta de trabajo de su hermano, quien estaba en el estado de Florida, sellando techos.

Ahí trabajó por un mes y logró enviarle todas las cosas para el bebé a Ramos. El plan de Rodríguez era volver a tiempo para conocer a su nueva hija. Pero el día antes de regresar a Puerto Rico, lo arrestaron y acusaron de asesinato en primer grado.

“Tengo entendido que le violentaron todos sus derechos porque él no conoce el idioma y no le explicaron bien y él firmó 35 años renunciando a todos los derechos de apelación”, dice Ramos, de 32 años. Rodríguez tiene 34.

Sobre el caso de su esposo, dice que no conoce muchos detalles.

“Yo tengo esa impotencia de querer saber más y como por la línea de donde él llama todo es monitoreado y grabado nunca me dice nada. Lo que sí sé es que él está muy tranquilo”.

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