Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Llerandi Cruz, informó hoy la radicación de un proyecto de ley que busca establecer límites en las compensaciones generadas por los directores ejecutivos de todas las corporaciones públicas, así como a su personal de confianza.

“La austeridad comienzan por la casa. Hoy invito al Gobernador a que implante una extensa reforma del poder ejecutivo que incluya la reducción dramática en salarios a los jefes de agencia, eliminación de todas las flotas de vehículos y la terminación del uso de tarjetas de crédito financiadas por el erario público. Es hora que Alejandro García Padilla comience a hablar de una reforma completa y que cubra la rama de gobierno con más gastos excesivos, el ejecutivo”, indicó Llerandi Cruz en declaraciones escritas.

La propuesta del legislador por los municipios de Arecibo y Hatillo se centra en el establecimiento de un tope salarial $100 mil anuales para cada jefe de agencia, departamento, corporación pública y dependencia del gobierno central.

También se establecerá un mecanismo efectivo de escalas salariales que no excedan los $72 mil anuales para funcionarios que ocupen puestos de confianza.

La iniciativa del legislador estadista surgió luego que saliera a relucir que desde la propia Fortaleza se le autorizó un aumento salarial al nuevo director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), de una compensación base de $105 mil al año a $120 mil.

También, ayer se dio a conocer que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ordenó aumentos salariales de hasta un 70 por ciento a su personal de confianza, a ser implementado de forma retroactiva.

Llerandi Cruz demandó además, acción por parte de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Asamblea Legislativa, a los que les solicitó “dar paso” a las medidas presentadas.

“A mis colegas de la mayoría parlamentaria hoy les hago un llamado a que realicen la voluntad del pueblo y comiencen a recortar el despilfarro de fondos públicos gastados en jugosos aumentos salariales mientras el pueblo sufre recortes de servicios, aumento en la luz y el agua, así como la imposición de sobre 50 nuevos impuestos por parte de esta Administración. Si el Gobernador no tiene la capacidad de frenar el gasto frívolo, entonces la Legislatura tendrá que hacerlo”, concluyó Llerandi.