Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El magistrado federal, Marcos López, ordenó ayer que el alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, permanezca preso hasta que se celebre el juicio en su contra.
“A esta Corte no se le pudo convencer de que si se le da libertad bajo fianza al acusado, éste se abstendría de intentar intimidar a testigos nuevamente. El récord demuestra con claridad y robusta evidencia que no hay combinación de condiciones que razonablemente aseguren la seguridad de la comunidad y de otras personas. Esta conclusión tiene un precedente (cita el caso del convicto alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes). Por esta razón, se concede la solicitud de la Fiscalía de mantener al acusado en prisión sin derecho a fianza”, dijo López.
El pasado 15 de julio, el magistrado federal anunciaba que se reservaba el falló en la vista para la determinación de fianza en el caso por corrupción en contra del Alcalde de Río Grande, a quien se le imputan cargos de soborno, extorsión y obstrucción de la justicia.
Rivera Correa enfrenta cargos tras ser acusado por un gran jurado federal la semana pasada por solicitar de manera ilegal donativos políticos a contratistas a cabo de concederles contratos municipales. Rivera Correa fue acusado, arrestado e ingresado en el Centro Metropolitano de Detención el jueves de la semana pasada pendiente de la vista de determinación de fianza.
Durante la vista, el fiscal federal, Charles Walsh, argumentó delante del magistrado López que debía negársele la fianza al Alcalde debido a que éste representa un riesgo para la seguridad, no solo de los testigos en el caso, sino también para la comunidad. Como evidencia del carácter violento de Correa, Walsh presentó en corte varios segmentos de las distintas grabaciones que investigadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hicieron de conversaciones entre Rivera Correa y el co-conspirador número uno (CHS1), a quien se identifica en las grabaciones como “Juan Carlos”. Las grabaciones fueron validadas por el agente Edwin R. López.
Más adelante en la grabación se escucha a Rivera Correa decir que “le pasaría el carro por encima” a Pumarejo, a quien se identificó como exempleado del municipio de Barceloneta y quien supuestamente colaboró con las Autoridades federales en la investigación en contra del convicto exalcalde Sol Luis Fontanez.
En las grabaciones presentadas en corte, también se escucha Rivera Correa proferir amenazas en contra de Alejandro Carrasco, abogado que mantenía contratos con varios municipios, incluidos Barceloneta y Río Grande, también por supuestos rumores de que colaboraba con el FBI.
Tanto el Alcalde como el licenciado Carrasco podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel si son hallados culpables.