Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) presentó hoy sus recomendaciones para la recuperación económica de Puerto Rico en un esfuerzo por promover los cambios necesarios para generar el desarrollo económico que necesita el País.
(Foto/Archivo)
“El Colegio ha redactado este documento como una aportación dirigida al desarrollo del País. En el escrito ponemos unas premisas medulares, y luego unas ideas específicas para ser utilizadas por el gobierno. Las ideas específicas presentadas son en el área de recaudos, en la administración de recaudos, reducción de gastos y desarrollo económico”, explicó el presidente del Colegio, Aníbal Jover.
Las propuestas del comité fueron caracterizadas por Jover como “concisas y específicas… sin rodeos y con opciones sustentadas en la experiencia y con proyecciones viables en nuestro País”.
En el renglón de recaudos, el CCPA recomienda la expansión del Impuesto sobre el Valor de Uso (IVU), acompañada de una reducción en las contribuciones sobre el ingreso. Recomienda además la eventual eliminación del IVU, a favor de la implementación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Para evitar el efecto regresivo de este último impuesto se planteó la posibilidad de créditos contributivos (“earned income credit”) para los ciudadanos.
Todas estas medidas han sido discutidas por distintos sectores del País, incluida la Asamblea Legislativa, la cual las ha rechazado hasta el momento.
En el área de desarrollo económico, los contadores recomiendan “reexaminar el tema del salario mínimo” con el propósito de promover el empleo entre los jóvenes y aumentar la competitividad de Puerto Rico como destino de inversión.
Juan Acosta, el presidente del comité especial, cito a manera de ejemplo en este renglón el caso de Irlanda, en donde supuestamente los trabajadores de los sindicatos aceptaron una reducción en sus salarios como parte de una estrategia para atraer la inversión extranjera y promover el desarrollo económico.
Pero, aun cuando Acosta aseguró que “estas son solo recomendaciones que no pretenden ser soluciones específicas” sino que buscan “iniciar la discusión de estos asuntos”, sus señalamientos parecieron ser un endoso abierto a la política establecida por la recién aprobada Ley de Sostenibilidad, en donde se plantea la renegociación de los convenios colectivos firmados por el gobierno y los sindicatos que representan a los servidores públicos.