Por: Belén Martínez Cabello

SAN JUAN – “A pesar de que la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico debe ser atendida con premura, la carga mayor no debe recaer en los empleados públicos, a los que se quiere imponer mayores sacrificios”, advirtió el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado (AEGFSE), José E. Ortiz Torres.

A juicio del dirigente gremial los empleados públicos se han convertido en chivos expiatorios, término originalmente usado por el pueblo de Israel donde se solía sacrificar un joven cabro en rituales religiosos con la intención de purificar las pulpas.

“El uso ordinario que le damos a tal denominación hoy día en nuestra diaria realidad, es aquella persona o grupo a quienes se quiere culpar de algo de lo que no lo son responsables”, indicó Ortiz Torres en referencia a la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico.

El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales del FSE afirmó que no debe responsabilizarse al empleado público, que en su inmensa mayoría rinde más de lo que le corresponde para cumplir con su deber con el país, de los problemas que encara la economía puertorriqueña, ya que siguen sostienen la parte más pesada de la carga.

“Tanto la Ley número 7 del 9 de marzo de 2009, declarando el Estado de Emergencia Fiscal en Puerto Rico, que dejó un saldo de 12 mil empleados públicos cesanteados, como la Ley 66 de 2014, conocida como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que dejó sin efecto beneficios económicos y marginales, no han sido efectivas en su intención legislativa”, indicó.

Según explicó Ortiz Torres, “la Ley 7 contrajo la economía al provocar menos personas en la actividad económica, causando la ejecución y entrega a los bancos de residencias y vehículos de motor como resultado práctico”. “Como secuela, aumentaron consecuencias sociales como son los divorcios, porque las parejas enfrentas crisis cuando la economía del hogar se les afecta; la emigración y una mayor dependencia al uso de sustancias controladas y el abuso del alcohol”, aseguró.

El presidente de los gerenciales del Fondo del Seguro del Estado llamó a prestar especial atención a este asunto que estremece las bases de nuestra sociedad. Llamó la atención además que la Ley 66 no ha logrado balancear el presupuesto, siendo esto su intención legislativa.

“En consecuencia, dispuso el efecto nefasto de limitar el poder adquisitivo por clasificaciones entre servidores públicos unionados y gerenciales. Esto, junto a la Ley 3 del 4 de abril de 2013, sobre la Ley de retiro de los servidores públicos, que empobreció sin duda, el poder adquisitivo de estos, mirando al futuro”, añadió Ortiz Torres.

Citando al economista Harold Toro, refirió que en 2009 el perfil demográfico del sector de empleados públicos y su vinculación con la clase media, el nivel de educación académico es superior al sector privado y el 45 por ciento tenía una deuda hipotecaria.

De 490 mil familias empleadas en Puerto Rico, 165 mil trabajaban en el servicio público, un 36 por ciento de los cuales el 20 por ciento se vinculaba a la clase media.

Precisamente, en la discusión de la nueva estructura tributaria que propone la administración del gobernador Alejandro García Padilla, el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado recalca en la importancia de prestar mucha atención al proyecto, por considerar que “va en detrimento al empleado público”.

“En la discusión de la nueva estructura tributaria que se pretende implantar, el presidente del Senado, Eduardo Bathia, ya hizo un llamado a mayores recortes gubernamentales. No hay duda que piensa recortar beneficios o castigar con mayor retención de contribuciones a los servidores públicos y eso no se puede permitir”,advirtió.

Ortiz Torres anotó que “la soga no puede cortar por lo más fino, como tampoco podemos ser chivos expiatorios”. “Esto que pretenden es, evidentemente, en beneficio del sector empresarial privado para otorgarles a ellos más exenciones. Este es el problema principal de la evasión contributiva y la ineficacia o dejadez del gobierno para captarla”, adujo Ortiz Torres.