SAN JUAN – El presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR), Manuel Cidre, recomendó el martes al gobernador Alejandro García Padilla que de forma urgente, establezca un grupo de diálogo contributivo integrado de forma equitativa por representantes del gobierno y del sector privado que desarrolle un proyecto sustitutivo al Proyecto de la Cámara de Representantes 1073 en el que se atienda la necesidad de allegar fondos al Departamento de Hacienda sin atentar en forma dramática contra la principal fuente de empleos: el sector privado.
“Nuestra asociación reconoce la importancia de mantener el crédito del país y lograr estabilidad en las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Si esto no se logra, la Isla no puede acceder a fuentes de fondos y lanzaríamos al País a la quiebra. Por esa misma razón todos queremos y tenemos que ser parte de la solución”, expresó Cidre en declaraciones escritas.
Las recomendaciones de dicho grupo de trabajo serían sometidas a consideración del ejecutivo y la Legislatura a mediados de junio para que puedan ser evaluadas y aprobadas antes del 30 de junio.
De acuerdo con el presidente de la APPR, las propuestas presentadas por el estado levantan serias interrogantes en torno a cambios dramáticos, frecuentes y sustanciales sobre el sistema contributivo de Puerto Rico y la carga que esto implicará para el comerciante y el consumidor.
A tales fines, la Asociación propone el establecimiento de un Grupo de Diálogo Contributivo, integrado por el sector privado con expertos en economía, finanzas y aspectos contributivos, que junto a representantes del gobierno trabajen con agilidad y diligencia para presentar un informe con recomendaciones en o antes del 17 de junio.
Cidre sugirió que el Comité esté compuesto por un máximo de 10 miembros: cinco del sector privado y cinco del gobierno.
Por el sector privado, el comité debería estar compuesto por el presidente del Colegio de CPA, el presidente de la Asociación de Economistas, y tres miembros del sector privado a ser designados en cónclave de dicho sector. Para representar el sector gubernamental se recomendó la participación de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, la secretaria de Hacienda, el director de OGP y un representante del gobernador.
El presidente de APPR destacó que en las últimas semanas, a raíz del anuncio del gobernador sobre la medida para ampliar la base de recaudos de IVU entre negocios y la clase profesional, cada semana surgen propuestas diferentes que arrojan más dudas ante la ausencia de información confiable.
“El gobierno anuncia nuevas concesiones a determinados grupos propiciando luchas de clases y reafirmando la falta de un análisis cuidadoso y serio de las realidades actuales de los distintos sectores que se supone contribuyan a recaudar lo que necesita el Gobierno para cuadrar sus finanzas”, recalcó el presidente de APPR.
Según Cidre, esa misma incertidumbre ha dado lugar a una lucha entre clases profesionales para ver quién puede lograr una exención, lejos de abonar a un análisis justo y objetivo de alternativas que no impacten severamente el desarrollo de una economía ya maltrecha.
(CyberNews)