Rechazo de COPREVI a la pena de muerte

03/21/2013

Por: CyberNews

SAN JUAN – El director de la Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI), Samuel Figueroa Sifre, se expresó el jueves de forma contundente rechazando la intención del gobierno federal en la Isla, en procesar a través de la pena de muerte a puertorriqueños convictos en Puerto Rico y afirmando que dicha imposición punitiva no reduciría la incidencia criminal en la Isla.

Samuel Figueroa, de COPREVI presenta propuesta de seguridad pública a la senadora Rossanna López. (Foto / Suministrada)
Samuel Figueroa, de COPREVI presenta propuesta de seguridad pública a la senadora Rossanna López. (Foto / Suministrada)

Para Figueroa Sifre, décadas de intensa lucha sumadas a investigaciones sociológicas y científicas que prueban que la pena de muerte no reduce la incidencia criminal, deben ser data suficiente para que el gobierno federal deje de insistir en procesar vía pena capital a convictos en la Isla.

De acuerdo al también sociólogo y profesor de la UPR en Cayey, Puerto Rico debe encaminarse a la discusión de propuestas que promuevan la no violencia, la rehabilitación de nuestras comunidades y un programa integrado de seguridad pública como el que propone la organización a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria de Puerto Rico.

“Todos recordaremos el caso de Pascual Pérez el cual marcó el último suceso de pena de muerte en nuestra Isla en el año 1927. Puerto Rico no quiere volver a esta práctica y así lo hemos reafirmado por décadas. No es un asunto en contra de ningún gobierno local ni federal, ni menos algo político, sino una lucha de aquellos que creemos que la Pena de Muerte es lo mismo que matar”, afirmó.

Según Figueroa Sifre, ya son más de 140 países alrededor del mundo los que han abolido la pena de muerte.

Las expresiones se dan en momentos en que en el Tribunal Federal se dilucidan los casos de Alexis Candelario por la masacre de La Tómbola y el de Lashaun Casey por asesinar a un encubierto federal. Ambos casos se encuentran en la segunda fase en la que un jurado debe decidir si se les aplica la pena de muerte o sentencia de cadena perpetua.