(Foto/Suministrada)
LOÍZA – Por las pasadas dos décadas, los vecinos del sector Vistas de Loíza, del barrio Las Cuevas, ha estado luchando para obtener los títulos de propiedad de los terrenos donde ubican sus hogares. Aunque la zona está registrada bajo el concepto de propiedad colectiva, hacía falta completar el proceso, que se dramatizó particularmente luego del paso de los huracanes Irma y María, ya que las familias no pudieron acceder a fondos de reconstrucción de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), al carecer de la documentación necesaria.
“Como tantas otras instituciones, grupos e individuos que llegaron a Loíza a ayudar de manera voluntaria, recibimos a la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Colegio de Notarios de Puerto Rico, iniciamos un proceso en el 2020 para asistir a todas estas familias. Como toda situación legal, hay que trabajar con mucho detalle, amplia documentación y con personas especializadas en el tema. Sin la ayuda de estos voluntarios, no se hubiera logrado”, expresó la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.
Por su parte, los notarios Arsenio Comas Rodón, presidente de la Junta de Directores del Colegio de Notarios y Virmarily Pacheco Rivera, directora ejecutiva de la entidad, detallaron la labor de la organización, que consistió en trabajar en toda la documentación necesaria. “Esta comunidad Vistas de Loíza ya había adquirido los terrenos de manera colectiva por un acuerdo previo con los dueños del terreno y e incorporación. Lo que estamos haciendo es formalizar el derecho de propiedad individuales, de la corporación sin fines de lucro, a las familias, como derecho de superficie. Es un concepto parecido al Fideicomiso del Caño Martín Peña. De haber tenido que pagar por el proceso, cada familia hubiera tenido que pagar unos $1,500”, detalló Comas.
Kenny Díaz, líder comunitaria de Vistas de Loíza, señaló que para fines de la década de los 90, dichas 4.9 cuerdas de terreno baldío fueron invadidas por personas de la misma comunidad, ante la grave necesidad de vivienda. Eventualmente, el hijo del dueño original del terreno, comenzó un proceso de venta con los vecinos por medio del tribunal, en un proceso que culminó hace una década.
“Aquí todos pagamos por estos terrenos y hemos creado una comunidad bien unida que supera las 50 familias. El próximo paso es trabajar lo del CRIM, con el apoyo de la Clínica de la UPR, también con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Energía Eléctrica-LUMA. Esta comunidad ha estado luchando mano a mano por muchos años y lo que nos faltaba era ese apoyo a nivel profesional. Fueron 22 años de lucha, comenzamos con Carmen Nieves y luego con esa experiencia, ya llevo cuatro (4) años en esta lucha. Lo que hoy logramos es solo un paso, y vamos a continuar esta lucha comunitaria”, finalizó Díaz.