Por: Gazir Sued

El secretismo es distintivo cardinal del crimen organizado; los eclesiásticos lo sacralizan, y los gobiernos lo clasifican en el marco de la Ley como “secreto de Estado”; los funcionarios públicos corruptos lo celan como derecho de “confidencialidad”; y las mezquindades patronales encuentran refugio seguro en el “secreto corporativo” bajo el signo de “privacidad”. En la Universidad de Puerto Rico, el secretismo se cultiva como tradición institucional y la “autonomía” se manipula como subterfugio para encubrir negligencias administrativas, abusos de poder “discrecional”, arbitrariedades y caprichos de sus autoridades…

Todas estas instancias de poder tienen sus razones de peso para ocultar información, y a cualquier reclamo de transparencia le oponen la más brutal resistencia. El caso de la Universidad, más allá de su idealizada imagen publicitaria, es dramáticamente ejemplar. Aunque debiera ser modelo de transparencia a emular, la realidad es otra. ¿Cómo justificar el régimen de secretismo que impera en nuestro principal centro de educación superior? ¿Qué información es objeto de ocultamiento a la mirada pública? ¿Con qué legitimidad se afanan por esconderla? ¿Qué encubren cuando lo hacen? ¿Quién se beneficia realmente? ¿A quién protegen preferencialmente? ¿A quién privilegian selectivamente? ¿A quién le hacen daño secretamente?

Desde una perspectiva ética, el secretismo es una práctica antagónica e irreconciliable con los principios políticos de una sociedad democrática; y su contraparte, la transparencia, es condición esencial para una administración pública saludable y para que en la resolución de conflictos impere la justicia.

Los trabajadores docentes más vulnerables, ligados a la Universidad bajo un régimen contractual de segregación e inseguridad laboral, en condiciones de precariedad económica y marginación institucional, son quizás quienes más sufren los embates del secretismo. Tras bastidores coartan su libertad de cátedra, obstruyen sus investigaciones y bloquean sus publicaciones. A puerta cerrada deciden quién puede enseñar y quién será cesanteado; niegan informes de evaluaciones y se abstienen de dar razones sobre sus determinaciones, siempre bajo el eufemismo de “prerrogativa gerencial”.

Avalar el secretismo es hacerse cómplice de sus injusticias. Así seguirá siendo mientras lo consintamos…