Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy la Resolución del Senado 858 para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos del Agua del Senado realizar una investigación sobre el efecto de los subsidios que se otorgan a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La pieza legislativa, de la autoría del senador por San Juan, Ramón Luis Nieves, investigaría además el efecto de la morosidad de las agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las finanzas de la Autoridad.
“Aunque es correcto que teníamos que hacer una Reforma Energética, es correcto también que los subsidios han afectado las finanzas de la Autoridad. La ausencia de pago de las agencias y corporaciones afectan las finanzas de la AEE”, dijo el senador por San Juan en medio de la sesión.
Nieves Pérez aseguró que durante la discusión para la aprobación de la Reforma Energética en el Senado, las partes oponentes a la ya Ley proponían la eliminación de los subsidios que mantiene la corporación pública, con agencias, corporaciones, municipios y residentes.
Según el senador, para el 2013, la Autoridad contaba con una cartera de 1.4 millones clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales, de los cuales 250,309 recibían algún tipo de subsidio.
La Autoridad ha dicho que en el año fiscal 2012-2013, los subsidios tuvieron un costo de casi $82 millones.
La AEE también aporta a los municipios una contribución en lugar de impuesto (CELI), la cual procede de la facturación a los clientes y se distribuye proporcionalmente de acuerdo al consumo de las instalaciones públicas de cada municipio. Las aportaciones a los municipios por concepto de CELI alcanzó un total de $260.8 millones.
De otra parte, se ha indicado que los problemas de liquidez de la Autoridad son en parte atribuibles a la morosidad de las agencias y las corporaciones públicas, que hasta mayo 16 de 2014 adeudaban $150.1 millones.
Se indicó que la Comisión debe rendir un informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación ordenada dentro de un término de 90 días a partir de la aprobación de la Resolución.